El llamado caso Infraestructuras, que se encuentra judicializado, ha puesto literalmente patas arriba la fase de contratación de obras en ese Departamento del Ayuntamiento cordobés, hasta el punto de que, según ha expuesto el concejal responsable del Área, Antonio Álvarez (Cs), "este año estamos intentando sacar contratos supersimplificados para los materiales de las obras del Profea", para que no se sigan haciendo mediante contratos menores de menos de 3.000 euros, como era lo habitual hasta ahora.
El motivo no es que éstos últimos sean ilegales o irregulares, y, de hecho, "se pueden hacer perfectamente", en palabras de Álvarez, pero Intervención, a raíz de todo lo que ha estado ocurriendo en Infraestructuras, determinó en un momento dado que esas contrataciones en muchos casos eran recurrentes y periódicas para unos materiales que se emplean en una obra determinada, "por lo que deberían de basarse o tener, incluso, un tipo de contrato diferente a lo que es un contrato menor de menos de 3.000 euros".
En un principio, Intervención optó por informar de esas contrataciones con un "conforme con observaciones" pero, a medida que el ambiente se ha ido enrareciendo, ha pasado a informar con "disconformidad" sobre esas facturas.
¿Cuál es el problema? "Eso nos esta llevando a que esa factura por trabajo realizado que damos por ejecutado no se puedan pagar, al no tener el conforme de Intervención", indica el edil. Y, al no poder pagarlas, la única fórmula que existe es llevarlas a una revisión de oficio, "lo que no deja de ser una declaración de facturas nulas, por no haber seguido el tipo de contratación que debería haberse hecho".
En este punto, el concejal ha querido aclarar que eso no supone que esas facturas sean irregulares. "Son legales, pero a la hora de ir a pagarlas no se ha podido ya que Intervención considera que no se ha seguido el procedimiento adecuado".
Ahora bien, una vez que se declaran nulas, y para evitar un enriquecimiento injusto de la Administración, se debe indemnizar al contratista prácticamente con el importe de la factura. Precisamente, para evitar esto se está buscando la fórmula de los contratos supersimplificados.
Pero, según el concejal de la formación naranja, no es algo fácil para la adquisición de material del Profea. Y es que cuando se hace el proyecto de obra y se presenta en Diputación para que se apruebe, si recibe el visto bueno la ejecución del proyecto es casi inmediata, de modo que hay que comprar también los materiales, de modo "que no tienes tiempo material de tramitar un contrato por procedimiento abierto". Tampoco es conveniente hacerlos antes de que se dé luz verde al proyecto, porque pude darse la circunstancia de que la Diputación no lo apruebe y el Ayuntamiento se quedaría de golpe con contratos de material que tendría que hacer efectivos a la fuerza para una obra que no se va a ejecutar.
Por el momento, están a la búsqueda de esa fórmula intermedia que permita recibir el visto bueno de la intervención y, a la vez, solventar el escaso margen de tiempo que hay para ejecutar esas obras del Profea.
Tal y como ha recordado hoy Álvarez, el pasado mes de septiembre se entregaron a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional 200 facturas sobre las que podía haber cierta duda sobre si en efecto los trabajos habían sido realizados o no. "Muchas de ellas no tenían ningún problema y ya está el trabajo realizado, pero también es verdad que luego, cuando la UDEF empezó a investigar vio que había algunas en las que los trabajos no se habían llevado a cabo".
Desde entonces no se han vuelto a enviar más y las que están siendo investigadas son de 2020 y 2021 y alguna, incluso, de 2022. "Se enviaron porque teníamos este tipo de observaciones por parte de Intervención, y ahí es cuando empezamos a darnos cuenta de que podía haber actuaciones que estaban en la factura, que llevaban la firma de la jefatura de la Unidad, pero que podían no estar realizadas en su integridad".
Según Antonio Álvarez, la investigación policial la estaña haciendo de forma muy exahustiva, hasta el punto de que "nos consta que se han personado incluso en lugares para comprobar si en efecto allí se había estado trabajando o no".
A nivel interno, el concejal ha indicado que se han llevado a cabo reuniones con los jefes de unidad y con los oficiales, con las facturas delante, en las que se les preguntaba si el trabajo indicado en cada factura se había llevado a efecto. "Y en unos casos sabemos que estaba todo hecho correcto, pero en otros tuvimos que decidir una investigación más a fondo", de ahí que se pasaran a la UDEF.
Por el momento no hay resultados de la investigación. "Pero es verdad que tenemos el malestar de que haciendo grandísimos esfuerzos para mejorar en la contratación, dotándola de fórmulas más legales, a cada momento tenemos que sacar a la luz actuaciones que debido a esa aureola que hay ahora mismo en torno a Infraestructuras, se nos tacha enseguida de presunta y de irregulares, y la verdad es que eso duele", ha reconocido.
