En su declaración en el juicio con jurado, que continuará este miércoles, el exgerente, acusado de delitos de malversación continuada de caudales públicos y falsedad continuada durante la etapa que va de los años 2001 a 2012, ha dicho que está "tremendamente avergonzado y arrepentido".
En este sentido, ha pedido "perdón a todas las personas e instituciones que se hayan sentido perjudicados con este tema", al tiempo que ha expresado que solo iba a responder a las preguntas de las defensas y del jurado, no de la fiscal, ni de la acusación.
Al respecto, ha manifestado que ha gestionado el Consorcio de Bomberos "prácticamente desde su nacimiento, en el año 1997", al tiempo que en el año 2001 se le nombró como tesorero de dicho ente, si bien desde el año 1997 ha llevado "la contabilidad", según ha detallado, tras admitir que se ponía en su nómina "horas extraordinarias" que no había hecho.
"Me he apropiado de dinero de forma indebida", ha remarcado, para aclarar que "trataba que de ninguna manera pudiera conocerse" su práctica, exculpando en este caso al otro procesado, el exjefe de Contabilidad y Administración del Consorcio. A su juicio, "había que tener unos conocimientos muy elevados para detectar las irregularidades", algo que se hizo con una auditoría desde la Diputación.
De este modo, ha subrayado que "la contabilidad la llevaba exclusivamente" él, de manera que el otro acusado "no podía acceder a ese conocimiento", ni conoció los hechos, ni era responsable de las actuaciones realizadas, según ha aseverado el reo, quien ha reiterado que él es "el máximo responsable".
Además, ha puntualizado que "el cargo que ha consentido que esta mala actuación se produzca es el exinterventor del Consorcio y no la persona que ejercía la contabilidad, que se dedicaba más a la parte administrativa y de papeleo", en alusión al otro procesado, recordando que él, como gerente, asumió "la llevanza de la contabilidad del Consorcio".
Un acta nueva
En este punto, Navarrete se ha referido a un acta del consejo de gobierno del Consorcio del año 1999 en la que se ratifica que mantiene las funciones de contabilidad como gerente. Las defensas han pedido que se pueda presentar este acta en el juicio, puesto que hasta ahora no se ha hecho referencia.
Si bien, el juez ha denegado la solicitud, respaldando la postura de la fiscal y la acusación, porque "se podía haber solicitado con tiempo" en Instrucción, a lo que ha añadido que "si hubiera existido, ya habría tenido entrada" y "ha habido sobradas oportunidades de recabar el documento", según ha expuesto el presidente del tribunal.
Entretanto, el acusado ha relatado que el nombramiento del exjefe de Contabilidad y Administración del Consorcio fue a propuesta suya, "como empleado más antiguo y de más categoría, para asumir la parte administrativa", al tiempo que ha precisado que lo conoció cuando llegó al Consorcio, no antes, y su relación era "laboral", no de amistad, según ha apostillado.
Mientras, A.N. ha detallado que ha estado "46 años de servicio en la Diputación", tras entrar como "becario" en el año 1972, tiempo en el que "nunca" ha tenido "un expediente disciplinario". Como anécdota, ha apuntado que "hace menos de una semana" ha recibido una carta de la Diputación invitándole a "un acto de reconocimiento y homenaje de los funcionarios jubilados".
Hasta ocho años de cárcel
La Fiscalía ha pedido penas de ocho y seis años de cárcel, así como inhabilitación absoluta por tiempo de 20 y 15 años, respectivamente para Navarrete y el otro acusado, mismas penas que ha solicitado la Diputación al adherirse al escrito del Ministerio Público. Las defensas piden la absolución.
Según recoge la calificación de la fiscal, a la que ha tenido acceso Europa Press, Navarrete como gerente y tesorero del Consorcio dispuso en su favor "de forma irregular" durante el período en que ejerció con tales funciones de 610.280 euros de fondos públicos.
En concreto, entre enero de 2007 y marzo de 2012 realizó desde la cuenta del Consorcio Provincial a su cuenta personal un total de 46 transferencias por 310.891 euros sin justificante -factura o albarán-, que sirvieron para "aumentar el patrimonio personal del acusado". Según el fiscal, no consta la devolución al ente público de alguna de las cantidades.
Entre abril de 2001 y julio de 2006, el exgerente ingresó en su cuenta personal otros 127.860 euros "en concepto de 2.090 horas extraordinarias no realizadas o indebidamente cobradas". Dichas horas extra no le correspondían a su cargo. De 2000 a 2012, el exgerente supuestamente transfirió a su cuenta personal desde la del Consorcio otros 95.414 euros "en concepto de anticipos reintegrables o quincenales de nóminas", que "no devolvió, ni compensó".
Asimismo, el Ministerio Público ha detallado que "de manera injustificada, dio de baja en la contabilidad del ente el derecho a percibir las sumas anticipadas", de modo que "no aparecía como deudor de Consorcio".
Igualmente, entre 2010 y 2012, el procesado efectuó una serie de pagos por importe de 76.113 euros, "desde la cuenta del ente público a su cuenta personal, que no disponen de factura asociada o identificada". Según la fiscal, figuraba como destinatario de los pagos la empresa encargada de la limpieza de los parques de bomberos, pero "el pago se realizaba en la cuenta personal del acusado y no del proveedor del servicio".
Al respecto, el procesado "hacía coincidir los importes de las transferencias con los de las facturas que abonaba a la empresa e igualmente la denominación de las anotaciones contables", de forma que "duplicaba los pagos", siendo el destino final de la suma la cuenta particular del acusado, según se expone en la calificación.
Conductas "conocidas y permitidas"
Por otra parte, el otro procesado ocupó el cargo de jefe de Contabilidad y Administración del Consorcio desde mayo de 2004, "a propuesta del gerente y teniendo en cuenta que desempeñaba las funciones propias de la Jefatura de Administración". A tal efecto, percibió en concepto retributivo cada mes "un total de 844 euros más por la superior categoría".
En este sentido, la fiscal apunta que las conductas del gerente fueron "conocidas y permitidas" por el otro acusado en su calidad de jefe de Contabilidad del Consorcio en esa época, de modo que remarca que "de haber realizado sus funciones, premeditadamente omitidas, ninguno de los hechos se hubieran realizado o al meno no hubieran continuado durante tanto tiempo o bien se hubiesen podido tomar las medidas oportunas para que no sucediera y exigir las responsabilidades incurridas por tales acciones".
En este caso, el Tribunal de Cuentas dictó una sentencia en 2016 por la que se ha declarado "la existencia de un alcance en los fondos públicos del Consorcio por un importe de 479.857 euros, siendo responsable directo del alcance por el importe indicado Antonio Navarrete.", según detalla la fiscal.
Cabe recordar que los hechos tuvieron su origen en las denuncias de la Diputación contra el acusado bajo el gobierno del PP, tras realizar una auditoría al contar con una advertencia de la Seguridad Social.
