Hoy el Pleno municipal se ha sentido especialmente generoso con varios colectivos a la hora de aprobar declaraciones institucionales de calado social. Y por unanimidad. Es el caso de la primera calle que va a ser rotulada en Córdoba dedicada a una persona transexual, el apoyo incondicional a los jubilados de Endesa que quieren evitar que se les retiren derechos adquiridos desde hace más de un siglo o el también apoyo a Miguel Roldán Espinosa, el bombero del Ayuntamiento de Sevilla, natural de Cuevas Bajas (Málaga), por su labor humanitaria en el Mar Mediterráneo y que se enfrenta a una posible pena de 22 años de cárcel por evitar que el Mare Nostrum se convirtiera en la tumba de varios miles de personas más.
La Paquera de Córdoba falleció a mediados de los años 90 del siglo pasado. Antes había dejado de ser Antonio para convertirse en la Sara que llevaba dentro y pugnaba por salir, porque se había equivocado de cuerpo al nacer. Eso no le facilitó para nada las cosas, porque su colectivo (mucho más abundante del que se sospecha) estaba perseguido durante el franquismo y también en los primeros años de una democracia incipiente que aún se escandalizaba de ciertas cuestiones sólo visibles en algunos comics de dudosa moral, aunque reflejo de una realidad indudable y palpable (nunca mejor dicho). Para ello sólo se cambió de nombre una ley que, fuera como fuera, acababa llevando a la cárcel a estas mujeres. De hecho, según se ha leído hoy en el Pleno, se llegó a soltar dos años antes a los presos políticos que a las personas transexuales.
Al menos, esta mañana, con el periodista Raúl Solís ('La doble transición') de testigo, el colectivo ha conseguido que se les escuchara en su petición de que una de estas personas, de peso en Córdoba, finalmente vaya a contar con su propia calle, en lo que supone todo un gesto para dar a conocer a este colectivo en el Día de la visibilidad Tran. ¿Dónde estará esa vía pública? Todavía está por ver.
Previamente, Agustín Gant Pérez de Siles, portavoz de los jubilados de Endesa, expuso los motivos de sus protestas desde hace ya varias semanas y que no es otro que el intento de la compañía eléctrica de eliminar de un plumazo los derechos adquiridos por los extrabajadores desde 1936. Se ha hablado de una compañía, Sevillana de Electricidad que en 1998 tuvo una capitalización de 60.000 millones de euros (traducido desde las pesetas de entonces a la moneda actual que se usa en España), con una plantilla de 25.000 trabajadores y unos beneficios anuales de 3.000 millones de euros. De ahí se pasó en 2008, tras la privatización y la entrada de la italiana Enel a 20.000 millones de euros de capitalización, una plantilla de 9.000 personas y 1.500 millones de euros de beneficio anual, "en gran parte por la profesionalidad de los trabajadores, pero que en su mayoría se marcha fuera del país a manos de un Gobierno extranjero".
Y ahora, de forma unilateral, Endesa ha querido recortar derechos y salarios que venían percibiendo de forma histórica, entre ellos unos 760 millones de euros que pertenecen al colectivo de jubilad@s, viud@s y huérfan@s de la compañía, que en un 70% (el porcentaje de acciones que tiene Enel en sus manos) se repartirá en forma de beneficios en Italia.
Esos derechos que se pueden perder, y que ahora mismo están pendientes de un fallo del Tribunal Supremo es lo que los capitulares han defendido hoy dando su apoyo a quienes el señor Gana representaba.
Y uno de los momentos más emocionantes de la sesión lo ha protagonizado la madre del bombero nacido en el límite de la provincia de Málaga con Córdoba. Miguel Roldán Espinosa es uno de los nueve voluntarios de la ONG alemana Jugend Rettet acusados por la Justicia italiana de tráfico de personas. Un eufemismo jurídico que oculta una labor humanitaria en favor de salvar vidas humanas en las personas de inmigrantes que huían de Libia en 2017 y que fueron auxiliados en alta mar.
Así, tal y como ha expuesto la madre, quien vino a Córdoba acompañada de un nutrido número de vecinos malagueños, en tan sólo 20 días, Miguel Roldán y su organización humanitaria pudieron salvar "más de 14.000 vidas". Por eso, en la declaración institucional, el Ayuntamiento ha asegurado que no va a permitir que "se criminalice la ayuda humanitaria, la defensa de los Derechos Humanos y de la legalidad internacional".
