El delegado de Empleo de la Junta en Córdoba, Ángel Herrador, ha querido rebajar el nivel catastrofista de los sindicatos frente a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) que se han presentado en la provincia de Córdoba, asegurando a este periódico que ni el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) está colapsado, ni tampoco se está obligando a nadie a inscribirse, aunque sí se recomiende a la gente que se inscriba como demandante de empleo en el SAE, por las ventajas que eso les puede aportar. Entre otras cuestiones, es conveniente ese certificado para poder pedir ayudas a la hipoteca.
De igual modo, y ya que no se ha modificado la Ley General de la Seguridad Social, legalmente hay que estar inscrito como demandante de empleo para acceder a la prestación, pero eso no significa que se esté exigiendo desde el SAE, además de asegurar que el cobro corresponde al Servicio Público de empleo Estatal (SEPE) y no al SAE, ya que no es su competencia.
De este modo Herrador ha respondido al responsable de Acción Sindical de CCOO en Córdoba, Aurelio Martín, quien, declaraciones a este medio aseguró que la andaluza es la única Administración autonómica que mantiene la obligatoriedad de darse de alta en el SAE si no se ha cobrado la prestación por desempleo con anterioridad o de actualizar los datos si ya se cobró en algún momento. "Todo el que entre en un ERTE lo cobrará igualmente", ha asegurado Herrador.
De hecho, en esta nueva situación a consecuencia de la pandemia sanitaria mundial el papel de la junta es única y exclusivamente autorizar (o no) el ERTE por fuerza mayor y remitir al SEPE y a la empresa interesada el visto bueno y el número de trabajadores afectados. "Pero eso no afecta para nada al hecho de que vayan a cobrar".
Incremento de medios humanos
De cualquier modo, la Administración andaluza lo que sí ha hecho es aumentar los medios humanos ante la avalancha de expedientes que han llegado y se ha solicitado para evitar retrasos en el cobro para determinadas personas que han llegado tarde al plazo, como son algunos de marzo que tenían que cobrar en la primera semana de abril, que en lugar de ser mensual el cobro se haga con nóminas semanales. "Lo pedimos por escrito, pero no obtuvimos respuesta" del Ejecutivo central, explica Herrador.
Hasta el inicio de esta nueva crisis en la Delegación había una persona encargada de los ERTEs que iban llegando y que en 2019 fueron 39. El refuerzo comenzó el pasado día 13 de marzo con dos personas (una de ella en exclusiva y otra de apoyo), pero cuando de golpe llegaron 7.000 expedientes se movilizó a todo el servicio poniendo a seis personas para aligerar los papeles y luego se vio necesario a utilizar a todos los técnicos (grupo A1) de toda la Delegación, que recibieron una formación previa hasta que en la actualidad hay unas 90 personas centradas en este proceso. "Los expedientes más sencillos para los que tienen menos experiencia y los más complejos para los más veteranos", ha indicado el delegado.
Según las cifras hechas públicas hoy mismo por la Junta, con el 73% de los expedientes resueltos (5.356), se ha trabajado a destajo para agilizar el proceso con aproximadamente un 5% de denegados y un volumen importante de silencios administrativos, especialmente con los primeros que llegaron.
"Es imposible que haya colapso como han indicado los sindicatos, precisamente por el sistema que se aplica de silencio administrativo, con cinco días para responder, y que implica usar un proceso normal en una situación extraordinaria", en palabras de Herrador, quien ha recordado que desde la junta se planteó la aplicación de las declaraciones responsables, que tienen una solución más sencilla a nivel administrativo, una tramitación más ágil y un mecanismo de revisión más flexible que aporta más garantías de cara al futuro". Un proceso, por cierto, que no le corresponde ya a la Junta, sino al Gobierno central, que tendrá que reforzarse para ello, si bien el plazo para esas revisiones son de cuatro años.
"Dentro de lo normal"
De cualquier modo, la cantidad de expedientes presentados "entra dentro de lo normal para una situación de pandemia que está generando un parón de la actividad económica". Comenzando por la hostelería y el turismo, pasando por las clínicas dentales y el sector sanitario hasta los pequeños locales obligados a cerrar, al tiempo que las fábricas también entraron con posterioridad tras un Real decreto que amplió la fuerza mayor a las que se hubieran quedado sin proveedores.
Ahora la situación empieza a normalizarse en el lado de la junta y la pelota, por tanto, esta de lleno en la Administración central para empezar a hacer efectivos los cobros.
