La Guardia Civil, en el marco de la operación PICAR 2, como continuación de la operación PICAR 1, ha desmantelado una organización criminal dedicada a estafar a compañías de seguros mediante el cobro fraudulento de indemnizaciones por la muerte de caballos. Entre las dos fases de la operación han sido detenidas cuatro personas e investigadas otras 24, a las que se les imputan los delitos de Pertenencia a Grupo Criminal, Maltrato Animal, Falsedad Documental y Estafa Continuada.
El listado de investigados y detenidos es el siguiente: En Alicante se efectuaron gestiones para verificar la procedencia de unos animales propiedad de los detenidos. En Jaén se han detenido a cuatro personas y hay catorce investigados (cuatro veterinarios). En Granada se ha producido comprobación documental de facturas de doma y estancia en un picadero de Huéscar, que resultaron ser falsas. En Córdoba hay un veterinario investigado. En Vizcaya hay una persona investigada. En Ávila hay tres personas investigadas (un veterinario). En Zaragoza se están llevando a cabo gestiones en el matadero de Merca Zaragoza. En Cádiz hay tres personas investigadas (un veterinario). Y en Sevilla hay dos personas investigadas (un veterinario). Hasta el momento se ha constatado la desaparición de 65 caballos que podrían estar distribuidos por toda la geografía nacional e incluso en el extranjero, con otra documentación o incluso otros microchips.
La operación se inició en junio del pasado año, a raíz de una denuncia presentada por un representante de una compañía de seguros en la que ponía de manifiesto las posibles anomalías en las indemnizaciones a pólizas de animales, teniendo conocimiento de cuatro siniestros equinos.
A dos de estos caballos se les había conducido a la muerte por medio de la eutanasia, los cuales estaban asegurados por 19.000 euros. A otros dos caballos se les había diagnosticado muerte por cólico agudo, estando asegurados por 24.000 euros.
Hay todavía 65 caballos que podrían estar distribuidos por todo el país o en el extranjero con otra documentación y microchips
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Los agentes pudieron comprobar que las muertes de los équidos se estaban produciendo en poblaciones alejadas entre sí, en lugares diferentes del habitual de su estabulación y con proximidad cronológica, detectando contradicciones en las manifestaciones tomadas a sus propietarios.
Posteriormente, la Guardia Civil pudo observar que un vecino de localidad jienense de Sabiote había reclamado una indemnización por la muerte de un caballo de su propiedad que tuvo que sacrificarlo tras ser atropellado por un vehículo conducido por una persona que se dedica profesionalmente al cuidado de caballos de Baeza (Jaén).
Por otra parte, en la localidad abulense de Navalperal de Pinares se detectaron otros dos fallecimientos de caballos a los que se les diagnosticó muerte por cólico, con un capital asegurado de 30.000 euros.
Los agentes también comprobaron, tras realizar una inspección en una explotación equina de Las Navas del Marqués y en otra de Navalperal de Pinares, como un veterinario oficial había efectuado un cambio de titularidad en un documento de Identificación Equina, actividad para la que no está facultado ya que tal cometido corresponde por normativa legal a la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española. Dicho cambio había sido realizado sin contar con el permiso del propietario del animal.
Fruto de estas investigaciones la Guardia Civil pudo comprobar que la organización venía realizando este tipo de operaciones con los equinos para obtener sustanciosas cantidades de dinero que solicitaban de las compañías aseguradoras, bien de sus caballos o de terceros.
La organización utilizaba caballos que decían ser de pura raza española sin ser así. En la mayoría de los casos los veterinarios implicados en la trama, sin nunca haber visto a los animales, certificaban o informaban de unas identidades en las que se les valoraba muy por encima del precio de mercado, aludiendo a sus excelentes cualidades de doma, porte, apariencia física. Estas tasaciones se realizaban sin hacer ningún tipo de exámenes precompra, practica muy extendida en el mundo relacionado con el caballo, especialmente cuando se trata de animales de pura raza, de cierto valor económico.
Eutanasia por veterinarios
Los agentes pudieron constatar también que los animales accidentados eran sacrificados mediante eutanasia por los veterinarios implicados y que no se correspondían con las identidades declaradas aunque sí tenían semejanza en su capa que les hacía pasar por aquellos. Asimismo sacrificaban animales que no tenían ningún valor por su doma y procedían a la venta de los animales “fallecidos” que verdaderamente sí alcanzaban un gran valor en la venta.
Otra forma de actuar era dar por desaparecidos los equinos y posteriormente proceder a un nuevo cambio de titularidad del caballo en la Administración, con el único riesgo de ser sancionados económicamente en caso de ser descubiertos.
En uno de los casos un caballo que supuestamente había sido sacrificado en el matadero de Merca Zaragoza se pudo comprobar que se trataba de un caballo que se hallaba vivo en Écija (Sevilla), por lo que se procedió a realizar una inspección en dichas instalaciones, en presencia del veterinario oficial, poniendo al descubierto el sacrificio de siete caballos y un asno procedentes de una explotación ganadera de Begíjar (Jaén). En los casos de fallecimiento por patologías la Guardia Civil detectó falta de atención y cuidados de los equinos afectados, con estabulación, manejo y alimentación, no adecuadas.
Por el SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, en el mes de julio de 2015 realizó una operación similar en la que se imputó a 10 personas, nueve vecinos de Fernan Nuñez y uno de Villanueva de Córdoba, por la muerte provocada a 22 caballos para cobrar la póliza de seguro, por los supuestos delitos de estafa, maltrato de animal y falsedad documental; constatando la existencia de contratos de compraventa ficticios y extemporáneos para justificar y reclamar a las compañías aseguradoras el valor de los animales.
