El vicepresidente del colectivo A Desalambrar en Córdoba, Manuel Trujillo, ha lanzado esta tarde un órdago al Ayuntamiento para que envíe a un representante el próximo jueves a las XIV Jornadas en Defensa de los Caminos Públicos, que se celebrará los días 17 al 20 de marzo y que promueve la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos.
En esta ocasión tendrán lugar por tercera vez en Córdoba, con la organización de la Plataforma A Desalambrar.
Trujillo ha indicado que se remitió a una invitación al Consistorio en este sentido, pero no se ha recibido respuestas alguna, mientras que la junta de Andalucía y la Diputación sí han contestado de forma afirmativa. "Es de esperar que alguien del Ayuntamiento pueda estar allí para que nos explique qué van a hacer con los caminos públicos", especialmente después de que él mismo se enfrenta a un jucio por defender "un derecho que tendría que haber hecho el Ayuntamiento".
Trujillo ha participado esta tarde en el Pleno municipal durante la aprobación de una moción conjunta de IU y Podemos que acabó siendo unánime y en la que se insta al Ayuntamiento para que, en el marco de sus competencias, ejerza de inmediato las acciones legales que le correspondan tendentes a restablecer la posesión pública del Camino no 27 en la finca de El Bañuelo, perfectamente cartografiado y demostrado su carácter público, instruyendo el expediente sancionador fijado en las Ordenanzas Municipales, y emprendiendo de inmediato un expediente de recuperación de oficio del camino cerrado, si la Ley lo permite.
También se insta al Consistorio a tomar las medidas tendentes a recuperar lo antes posible el resto de caminos del inventario municipal que se encuentran ocupados, en especial los caminos 16 y 18 del dicho inventario, cuya recuperación ya se había iniciado en la pasada legislatura, estando por tanto actualizada su cartografía.
Hay varias instancias más a la Administración local: A actualizar la cartografía del inventario de caminos, para concretar perfectamente el recorrido de los mismos, e incluir en dicho inventario aquellos que no están en la actualidad pero se tienen suficientes pruebas de su condición de públicos; emprender la recuperación del resto de caminos cerrados, empezando por aquellos que no presentan dudas sobre su recorrido, y siempre en colaboración con los usuarios de los caminos y las personas expertas en estas materias; a actuar en los Caminos Públicos Rurales recogidos en el inventario, ante la incompleta identificación y catalogación, así como a una falta de normas comunes de señalización y conservación y a promover un Plan de Acción para impulsar actividades que favorezcan valores naturales y culturales, que garanticen su difusión y la conservación del medio, e incorporen la interpretación ambiental del Camino Público Rural y su uso como recurso turístico natural.
Para la Junta de Andalucía se le insta a a avanzar y culminar la Ley de Caminos Públicos Rurales de Andalucía, que son parte integrante del dominio público viario andaluz y a establecer un convenio, en base a la competencia exclusiva recogida en el Estatuto de Andalucía, en su artículo 64, para la Junta de Andalucía, entre ésta, la Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento, al objeto de definir competencias, gestión y mantenimiento de los Caminos Públicos Rurales, así como la prioridad en las actuaciones que requieren ordenamiento jurídico y urbanístico.
