Un total de 35.146 personas han requerido la intervención del Defensor del Pueblo andaluz durante 2020 demandando la supervisión de los poderes públicos, en lo que entienden supone una vulneración de sus derechos, o buscando información y asesoramiento para el ejercicio de los mismos, según indica el informe anual correspondiente al año 2020, en plena crisis sanitaria. Según ese estudio, el 7% de ese total procedía de la provincia de Córdoba, es decir unos 2.460 aproximadamente, de los que el 56% fueron mujeres y 44%, hombres.
En Córdoba, la materia sobre la que más se han volcado los cordbeses y cordobesas ha sido las políticas sociales, con un 63% de demandas, seguido de políticas territoriales (un 13%), Administraciones Públicas, Tributarias y Ordenación Económica (un 10%), justicia (un 9%) y servicios de interés general y consumo (un 4%).
Hilando más fino, por ejemplo, dentro del bloque de políticas sociales, en la provincia de Córdoba el 44% correspondieron a servicios sociales, otro 15% se fueron a educación, un 10% a empleo, el 14% a vivienda, un 7% a salud y curiosamente enos del 1% (un 0,3%) a igualdad de género. De hecho, en las únicas provincias donde este parámetro ha tenido algo de peso ha sido en Sevilla y Málaga, con un 1%, respectivamente.
De igual forma, en el bloque de justicia, los cordobeses y cordobesas se decantaron en 2020 por el 62% en materia de administración de justicia, un 17% por prisiones, el 13% por la seguridad ciudadana y el 7% por la extranjería.
Para el bloque de políticas territoriales, el principal motivo de intervenciones están relacionadas con medio ambiente, el 44%; urbanismo, un 20%; tráfico y transporte, un 15%; cultura y TIC, un 10%; agricultura y pesca, un 6%, y obras públicas, un 4%.
Dentro del bloque de Administraciones Públicas, Tributarias y Ordenación Económica, la inmensa mayoría, con un 61%, fueron para la atención ciudadana, otro 28% se destinaron a la gestión y ordenación económica y el 11%, a la adminitración tributaria.
Finalmente, en materia de consumo en general sólo correspondieron el 4% de las atenciones requeridas, pero es que en el resto de provincias la proporción es similar, y la mayor en este sentido es Huelva, con un 9%. En materia de mediaciones del Defensor del Pueblo Andaluz al provincia correspondió el 13% de las 189 realizadas a lo largo de 2020.
En relación al peso poblacional de cada provincia (en proporción a su población), donde Córdoba supone un 9% del total, las materias de más importancia que se han presentado ante el Defensor con ese parámetro han sido las políticas sociales (Estado de Bienestar, es decir servicios sociales, salud, educación, vivienda y empleo), con un 11%, y las políticas territoriales (sostenibilidad de las ciudades y el territorio, es decir agricultura, ganadería y pesca, medio ambiente, urbanismo, tráfico y transporte, obras públicas, cultra y TIC) en la misma proporción.
Le siguen con un 10% las relacionadas con la Administraciones Públicas, Tributarias y Ordenación Económica (es decir la atención ciudadana y la administración tributaria); con un 8% todo lo rtelacionado con justicia (seguridad ciudadana, prisiones y administración de justicia); y los servcios de interés general y consumo, con otro 8%.
