jueves 27.01.2022

TERCERA SESIÓN DEL JUICIO

La defensa de Rafael Gómez intenta demostrar que no hubo intención de ocultar pagos

Un inspector de la Agencia Tributaria corrobora una inspección administrativa de Arenal 2000 que se abrió por una sanción "leve", sin embargo, "Sandokán" se enfrenta a 11 delitos contra la Hacienda Pública en cuatro ejercicios empresariales

Gómez y señora
La defensa de Rafael Gómez intenta demostrar que no hubo intención de ocultar pagos

La tercera sesión de juicio que se sigue en el juzgado de lo Penal número 3 en Córdoba contra Rafael Gómez y su familia ha sido poco relevante, ya que se ha centrado en la declaración del inspector regional de la Agencia Tributaria, Ignacio Méndez, que ha sido preguntado por la defensa de Sandokán por el acta concreta de un expediente administrativo de una de las empresas investigadas.

"No recuerdo este acta concreta porque se han hecho muchísimas de las empresas" ha explicado al juez. Fuentes judiciales, además, han aclarado que el expediente en cuestión fue abierto en 2003 porque, inicialmente, parecía ser una infracción "leve", procedimiento que se paralizó ante la querella de Hacienda bajo el convencimiento de que el conglomerado de Gómez pudiera estar cometiendo un delito. 

Concretamente 11 delitos contra la Hacienda Pública por impago de hasta 58 millones de euros es lo que el Ministerio Fiscal le imputa al empresario y por los que solicita penas que suman los 44 años de cárcel. A cada uno de sus 4 hijos, el Ministerio Público le pide 22 años de cárcel por la presunta comisión de 8 delitos relacionados con el impago tributario.

En este sentido, el inspector regional de la Agencia Tributaria que ha declarado a insistencia del abogado de Gómez, Severino Martínez, que lo único que puede asegurar es que firmó un expediente sobre una sanción administrativa abierta en 2003 contra una de las empresas de "Sandokán". Pero este funcionario público ha indicado que es imposible acordarse del acta concreta por la que se le pregunta porque "había muchísimas actas de estas empresas", todas ellas pertenecientes a Gómez y a su familia.

También ha declarado hoy un empresario que ha reconocido le vendió a Gómez la finca "Pilili" en Torremolinos, operación que se formalizó con un cheque de 300.000 mil euros como señal, cantidad que "se olvidó" incluir en el precio total de la transacción. Asimismo, la defensa de Gómez también ha traído hoy a un abogado particular que trataba asuntos de Gómez desde el año 1997, Álvaro Toledo, que ha puntualizado que en la ornamentación de las dos urbanizaciones de La Carrera del Caballo, "monumentales elementos en la zona de ajardinamiento" no aparecían en el plan inicial.

El lunes comenzarán a declarar los peritos con una particularidad procesal; ante la complejidad y variedad de los delitos, hasta 11 (y sobre el tributo del IRPF, del Impuesto de Sociedades y del Impuesto sobre Patrimonio), los 8 expertos van a ir contestando cuestión por cuestión para que sea posible la réplica y la contrarréplica caso a caso.

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