El perito inspector de Hacienda que elaboró el informe con los ajustes fiscales conforme a la normativa tributaria de las empresas de Rafael Gómez, ha insistido hoy en que en las gestiones empresariales del grupo se observa "desorden y confusión", entre la cual otro de los funcionarios de la Hacienda Tributaria ha apuntado la retirada de hasta 20 millones de euros en efectivo durante el año 2004 en las cuentas del "holding".
En la sexta sesión del juicio que se sigue por una presunta defraudación de hasta 60 millones de euros en, al menos, tres ejercicios fiscales del grupo, la parte de Gómez ha defendido un ejercicio contable y fiscal correcto, de hecho, el auditor propuesto por la defensa del empresario ha explicado que la diversificación empresarial, en base a lo que se realizaban operaciones intragrupo, compras y ventas de terrenos, explotación de fincas con actividad cinegética, entre otros, se sucede "buscando la mejor posibilidad de negocio".
En este sentido, los inspectores de Hacienda consideran que se ha producido "una actitud defraudatoria" en el conjunto de operaciones de cara a obtener beneficios fiscales ya que de los ajustes hechos a las responsabilidades tributarias, se desprende el impago al Fisco solo de 3,21 millones de euros en los ejercicios 2004 y 2005
¿Cómo se desarrolló el presunto fraude fiscal? De diversa manera, según han apuntado los inspectores. Por ejemplo, con respecto a dotaciones como existencias de esculturas de granito de Manolete, "El Cordobés", entre otros; además de unos terrenos en Sevilla y un crédito de "dudoso cobro" a Larios 2000, todo ello, registrado como provisiones de depreciación de existencias para obtener un gasto fiscal deducible, los inspectores de Hacienda consideran que hubo "una manifestación incorrecta de la normativa tributaria"
Asimismo, han explicado al juez el desarrollo de una operación de compraventa de una finca en Córdoba, La Porrada, que a juicio de los peritos fue una operación de reparto de beneficios disfrazada para adquirir beneficios tributarios en el ejercicio del año 2004 por parte de Rafael Gómez y de sus hijos, que tenían participación social en el capital que se vendió. Se trató, en este caso de "un reparto de dividendos del grupo mediante una sobrevaloración
Entre mañana y el viernes están previstas las conclusiones finales sobre el caso tanto por parte del Ministerio Fiscal, que ya ha retirado uno de los 11 delitos que el imputaba a Gómez; de la Abogacía del Estado, que actúa como parte acusadora y de los cuatro letrados que defienden los intereses de la familia.
