Justicia

CSIF rechaza el inicio del expediente de supresión del Juzgado de Menores nº 2

El sindicato asegura que esa medida generaría "un colapso inmediato" por la carga de trabajo "inasumible"

Antiguo Juzgado de Menores de Córdoba
photo_camera Entrada del Juzgado de Menores número 2

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Córdoba, muestra su "absoluta disconformidad" con el inicio por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del expediente de reconversión del Juzgado de Menores número 2 de Córdoba en un Juzgado de Penal.

 El responsable del Sector de Justicia de  CSIF Córdoba, Diego Díaz, considera que se trata de una propuesta que "supondría un retroceso en el acceso a la Justicia de los ciudadanos y el empeoramiento de las condiciones laborales de todos los trabajadores relacionados con dicha jurisdicción, en especial el Juzgado de Menores, aunque indirectamente también se vería afectada la Fiscalía de Menores".

Desde CSIF se pone de manifiesto que, tomando como referencia los datos estadísticos del CGPJ correspondientes a 2015,  la entrada de asuntos  por cada juzgado de Menores de la capital es de 305 asuntos por órgano, unas cifras similares e incluso superiores al resto de órganos de esta jurisdicción en Andalucía. En el caso de llevarse a cabo la reconversión acordada, el Juzgado de Menores de Córdoba pasaría a tramitar una media de 611 asuntos, frente a otros  juzgados de Menores de capitales tan pobladas como Málaga, cuya entrada de asuntos es 396, Granada con 370 asuntos y Sevilla, con 346.

Trabajo doble

Es por ello que, en opinión de CSIF, sindicato mayoritario en el ámbito de la Justicia en Córdoba y en Andalucía, la supresión del juzgados número 2 de Menores duplicaría al del número de módulos del resto de órganos de Andalucía, "lo que conduciría al colapso inmediato de esta jurisdicción en nuestra ciudad por la inasumible carga de trabajo que se generaría".

El Sector de Justicia de CSIF Córdoba considera que las obligaciones de las centrales sindicales y de los operadores jurídicos, tal y como se recoge en la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, es "abogar por la necesidad de reforzar las plantillas de Córdoba, especialmente las jurisdicciones más colapsadas de la capital y de los partidos judiciales de la provincia que, lamentablemente no están bien dotadas de personal, pero no a costa de la supresión de otros órganos judiciales".