El sindicato CSIF rechaza la actitud de la unión temporal de empresas TSI, empresas pertenecientes al grupo SSG que han resultado recientemente adjudicatarias de la prestación del servicio de ambulancias del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Córdoba, al negar a su plantilla el derecho a cobrar la tercera paga extraordinaria en los porcentajes establecidos en el artículo 21 del convenio colectivo.
El sindicato detalla que esta gratificación consiste en el 50% de la retribución normal o media ordinaria durante los meses de actividad para el año 2022 y 2023, y del 100% para el 2024.
El responsable del Sector de Empresa Privada de CSIF Córdoba, Antonio Andrés, recuerda que el citado convenio colectivo establece el abono de esta paga a partir de "la adjudicación de nuevas licitaciones", entendiéndose como tal, y según fija este documento, "no desde la fecha de firma del contrato, sino desde el inicio del servicio".
La central sindical remarca que, "dado que el inicio de la prestación de servicio tuvo lugar el pasado 17 de septiembre, desde esta fecha la empresa está obligada, por convenio, al abono de la paga extraordinaria anteriormente indicada a toda la plantilla".
Por todo ello, desde CSIF se ha iniciado un procedimiento para la reclamación de estas cantidades, por lo que "instamos a la TSI que proceda a su abono en su plazo correspondiente". Por otro lado, Andrés señala que CSIF no ha firmado el acuerdo alcanzado por la empresa con UGT y CCOO por considerar que los términos del documento "resultan lesivos a los intereses económicos de la plantilla y a sus derechos".
Denuncia de UGT
Precisamente, el secretario general provincial de UGT Servicios Públicos en Córdoba, Isaías Ortega, ha explicado en rueda de prensa esta mañana todo el proceso de negociación que el sindicato ha estado llevando con la nueva empresa licitadora del servicio de transportes sanitarios de la provincia para conseguir recuperar al máximo número de trabajadores de la anterior empresa adjudicataria de este servicio público.
Ortega indicó que UGT estuvo trabajando desde el principio con ambas empresas en este proceso pero que, "debido a continuas denuncias de la anterior empresa, algunas a la Administración, el proceso de traspaso se fue alargando un año desde que se aprobó la nueva concesión, por lo que la nueva empresa ha comenzado a realizar el servicio desde el 16 de septiembre".
El secretario provincial de UGT SP denunció las continuas "trabas y falta de transparencia" que el sindicato y los trabajadores tuvieron de la anterior empresa durante todos estos meses al no recibir la documentación solicitada, como "el listado de personal subrogable, censo o la adscripción de los trabajadores".
Respecto al trabajo realizado con la nueva adjudicataria del servicio, Ortega señaló que "desde el minuto uno se llevó a cabo un seguimiento y se abrió una negociación para que se cumpliera la ley a rajatabla en los procesos de subrogación y para poder ampliar al máximo el número de trabajadores no subrogables de la anterior empresa y que pudieran seguir trabajando en la nueva".
Críticas a CTA
Ortega, que describió el clima durante todo el proceso de negociación como "poco propicio", quiso denunciar las acciones del sindicato CTA que "no teniendo representación en la empresa, y con total desconocimiento del proceso negociador que llevábamos a cabo y sin preguntar sobre él, llevó el conflicto a la calle no favoreciendo en nada el clima en la negociación".
En este sentido, el secretario provincial de UGT SP señaló que "prefiero pensar que en la CTA desconocen por completo la legislación sobre subrogación a pensar que ha estado engañando y manipulando a los trabajadores sólo con fines partidistas y no con intención de arreglar la situación".
Por otra parte, también cargó contra la CTA al indicar que "un sindicato que carga así contra otro sindicato de esta manera es indicativo de que tiene poco que ofrecer y ya me hubiese gustado que hubiesen estado cuando tuvimos que negociar con la anterior empresa cuando no pagaban a sus trabajadores o no cumplían los convenios".
Ortega ha incidido en el hecho de que "no todo el personal es subrogable, como no lo es el personal directivo, los administradores, los socios, los familiares de ellos, siempre que no tengan contrato de trabajo y que la antigüedad en la empresa sea de al menos seis meses, o aquellos trabajadores que no están adscritos al servicio que se ha licitado".
Sobre estas premisas "hemos negociado para que pudiera quedarse en la nueva empresa el máximo número de personas que no tenían derecho a la subrogación, algo que hemos conseguido permitiendo que aquellos trabajadores que tuviesen el título de Técnicos en Emergencias Sanitarias pudieran ser contratados directamente y a los que no lo tuviesen la posibilidad de reubicación en otra localización en la que la empresa tuviese posibilidad de contratarlos o permitiendo un tiempo para que pusiesen sacar el título mencionado con el compromiso de ser incorporados tras su obtención, estudios que la empresa se habría comprometido a pagar".
Para servicios de urgencias
Ortega indicó que ya solicitó un encuentro con la Delegada de Salud, María Jesús Botella, para tratar estos temas, entre los que señaló que “llama la atención que, cuando estaban en la oposición ellos mismos en el 2018 y la Delegada como portavoz de Salud, reclamaba que las ambulancias A1 deberían utilizar tan sólo para el transporte programado al disponer sólo de un conductor pero, sin embargo, ahora que están en el Gobierno, las están utilizando para servicios de urgencias”.
Finalmente, el secretario de UGT SP indicó que, desde el 28 de octubre, cuando se produjo una reunión con la nueva empresa, “se ha creado una mesa permanente de negociación para resolver todas las incidencias que afecten a los trabajadores".
Por su parte, el delegado de los trabajadores de UGT en la empresa, Enrique Pérez, denunció que, tras las reuniones mantenidas con la empresa no salieron contentos debido "al servicio que la Administración le pide a la propia empresa, algo inhumano, ya que vamos a recoger a pacientes, incumpliendo el Real Decreto de 2012, con vehículos A1 que sólo llevan a un conductor, circunstancia que denunciaba el PP cuando estaba en la oposición pero que siguen llevando a cabo ahora que están en el Gobierno".
El delegado de UGT, señaló que en estos vehículos con tan sólo el conductor se llevan a cabo "recogidas de personas tras un accidente de tráfico, fracturas de cadera e incluso infartados, personas que en recorridos de 45 minutos como puede ser el traslado desde Palma del Río hasta el Hospital Reina Sofía, ni van en las mejores condiciones ni reciben las atenciones médicas que son precisas y necesarias en estos casos porque si yo voy conduciendo desconozco en todo momento la situación en la que está el paciente en la parte posterior del vehículo".
"El peor servicio de España"
Pérez señaló que, respecto a estas carencias en los servicios de servicio de transporte sanitario "Córdoba es la peor de toda España" y señaló como ejemplo Almería que, "con menos población recibe casi el doble de inversión en este servicio, lo que se traduce en una dejadez absoluta por parte de la Administración hacia nuestra provincia".
Respecto a la empresa el delegado de UGT denunció que "hay compañeros que están echando 480 horas de trabajo al mes, lo que significa cinco días a la semana con sus 24 horas con una ambulancia, trabajadores con 48 horas continuadas con una ambulancia o compañeros que no tienen dónde dormir, comer o descansar en turnos de 24 horas".
Respecto al convenio, Pérez exigió que, "aunque sea un convenio malo, es necesario que se cumpla", y denunció que "la nueva empresa se está negando a pagar pluses teniendo un salario base que se acerca al salario mínimo, algo en lo que la Administración, tanto en esto como en el cumplimiento del convenio, debería implicarse exigiendo el cumplimiento de las leyes y los derechos de los trabajadores de la empresa con la que firmaron la licitación, ya que es la única responsable de ese concurso público".
Pérez subrayó que el hecho de que se cumplan los puntos de la licitación y el convenio "supone dar una calidad que se merecen los ciudadanos porque estar 45 minutos conduciendo solo con una persona, a veces con posibles infartos, taquicardias o roturas de caderas, más que ilegal es inhumano".
