Crespín traslada a Anfane "las ventajas" de la prórroga del escudo social por el Gobierno central

La secretaria general socialista de Córdoba, Rafi Crespín, ha trasladado este miércoles a la dirección de la Asociación de Familias Necesitadas (Anfane) Córdoba "las ventajas de la prórroga del escudo social que el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) ha podido sacar adelante con un Decreto Ley que, entre otras materias, incluye la prórroga hasta el 31 de diciembre de la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador tenga tres o más viviendas".

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha destacado, en su reunión con el presidente de Anfane Córdoba, Rafael Cidres, el "nuevo impulso dado por el Gobierno en materia energética, de vivienda, de empleo, tributario y de financiación territorial, para proteger a las personas más vulnerables" y que, en el caso de los desahucios, "incluye la prórroga de la suspensión del procedimiento y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional en viviendas de grandes tenedores, así como la intervención de servicios sociales en el caso de viviendas de propietarios de dos o menos inmuebles".

A este respecto, Crespín ha llamado a las comunidades autónomas, en especial a la Junta de Andalucía, "a no inhibirse y actuar conforme a sus competencias para buscar soluciones habitacionales de emergencia a los inquilinos vulnerables, y a desterrar el discurso del miedo y de la okupación de partidos ultras", para "ayudar a movilizar la máxima vivienda vacía en el territorio y que siga habiendo un mercado de alquiler a disposición de la juventud".

"No es cierto, como asegura el PP y el propio Feijóo, que este decreto proteja a los okupas y a los inquiokupas; mienten, este decreto protege a las personas vulnerables en caso de dificultad transitoria de pago, pero prevé también actuaciones preferentes de los servicios sociales y la activación de la vía judicial en el caso de allanamiento y de usurpación", ha detallado.

El nuevo decreto establece que, para que opere la suspensión, el inquilino deberá acreditar que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. Una vez que la Administración de Justicia dé traslado de dicha acreditación al propietario de la vivienda, éste tendrá diez días para acreditar ante el juzgado que se encuentra igualmente en situación de vulnerabilidad económica o en riesgo de situarse en ella en caso de que se adopte la medida de suspensión del lanzamiento, o bien que es titular de dos o menos viviendas.

En materia energética, según ha recordado Crespín, la norma prorroga el bono social energético y la garantía de suministro de agua y energía a consumidores hasta el 31 de diciembre, así como la adaptación de la tasa de retribución financiera de sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo regulatorio 2026-2031.

En materia de empleo, según ha añadido, se incluye la prórroga de prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas. Además, se modifica el anexo de la Ley del IVA en materia de hidrocarburos, en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y los regímenes simplificado y especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA y se aprueban los incentivos fiscales a vehículos eléctricos, infraestructuras de recarga e inversiones que utilicen energías renovables.

Crespín ha subrayado la necesidad de respaldar iniciativas como la de Anfane, "que pone el foco en colectivos vulnerables y trabajan sobre el terreno, sabiendo perfectamente dónde están las necesidades reales de los ciudadanos", por lo que ha valorado la importancia social de las empresas del tercer sector en la provincia, pues "ellos llegan donde las administraciones no lo hacen".

La Asociación de Familias Necesitadas es una entidad sin ánimo de lucro que busca establecer vínculos de afecto, igualdad y solidaridad en familias en situación de vulnerabilidad y exclusión social, tratando de solucionar sus necesidades básicas.