La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada nacional por dicha provincia, Rafi Crespín, ha afirmado este martes que asume su nombramiento como nueva presidenta de la Comisión de Política Territorial del Congreso "con honor y responsabilidad para defender al territorio y a las personas, vivan donde vivan", lo que en este caso refuerza su "compromiso por las zonas rurales".
Pero también ha advertido a sus rivales políticos que este nuevo cargo no va a mermar "ni mucho menos" en absoluto su labor de promoción electoral a lo largo y ancho de la provincia de cara a las próximas municipales.
A este respecto y según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha recordado que su trayectoria política ha estado vinculada a distintos gobiernos locales, provinciales y autonómicos, y que ahora, desde su nuevo cometido, velará por "los derechos y deberes ciudadanos en cada territorio", porque "uno no elige dónde nacer, y yo lo hice en una aldea de un pueblo de colonización del proyecto ilustrado de Carlos III, en La Carlota". Precisamente por ello, según ha subrayado, "se refuerza aún más mi compromiso y mi trabajo por las zonas rurales".
Crespín ha señalado que "existen en España 6.827 municipios con menos de 5.000 habitantes, y el reto demográfico consiste en asegurar la igualdad de oportunidades para todos, independientemente del lugar de residencia, y especialmente en las zonas rurales, las más afectadas por la despoblación".
En la recta final de la presente legislatura, las funciones de la Comisión de Política Territorial, que ya preside Crespín, cobran especial relevancia, dado que supervisará la gestión por parte del Ministerio de Política Territorial de hasta 392 millones de euros de fondos europeos, para la modernización y digitalización de las entidades locales.
Ello, según ha resaltado Crespín, es una prioridad del Gobierno de España, junto a la cogobernanza entre administraciones, con más diálogo y cooperación, el fortalecimiento de las entidades locales, la actualización de la Ley de Bases de Régimen Local, un mayor apoyo a los municipios en riesgo de despoblación y la mayor presencia de la Administración General del Estado en el territorio.
