CSIF Córdoba ha alertado, a través de un comunicado, del progresivo envejecimiento de la plantilla de la Administración General del Estado (AGE) en la provincia, debido a la escasez de jóvenes y a la presencia mayoritaria de trabajadores de más edad entre el personal. Ante esta realidad, el sindicato reclama al Gobierno central la aprobación de un plan de choque urgente para garantizar la viabilidad de los servicios que prestan los empleados públicos que desarrollan su labor en la AGE, "tan afectados en los últimos años por las políticas de recortes".
El responsable del Sector de AGE de CSIF Córdoba, Francisco Guerrero, se hace eco de un informe elaborado por esta central sindical a partir de los datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que señala que actualmente sólo hay uno de los 2.552 trabajadores de este ámbito en la provincia con menos de 30 años, mientras que entre un 70 y un 80% cuenta con una edad superior a los 50 años.
Recorte de 362 personas
A esto se suma el hecho de que desde 2010 la plantilla de la AGE en Córdoba se ha reducido en 362 personas, lo que en términos relativos supone una bajada de más del 12 por ciento. El sindicato teme con esta pérdida de empleo se esconda una estrategia bien planificada para la privatización de servicios públicos en la Administración.
CSIF recuerda que en 2016 se recuperó la tasa de reposición en ámbitos como la Sanidad o la Educación. Sin embargo, esta ratio se ha mantenido congelada en instituciones tan importantes para el servicio público como la Agencia Tributaria, la Jefatura Provincial de Tráfico, la Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias o la Subdelegación del Gobierno, entre otros.
Para CSIF, la progresiva jubilación de los empleados públicos en este sector generará un “grave déficit” en una plantilla ya de por sí diezmada por la aplicación de la tasa de reposición desde 2009 y por la no cobertura de vacantes.
En base a todo ello, CSIF pide un plan de choque específico para la Administración General del Estado, con un Plan Integral de Recursos Humanos que analice las carencias y determine la oferta de empleo público necesaria sin tasa de reposición, además de planificar las expectativas de la vida laboral para cubrir las necesidades en el tiempo para que no se produzcan desequilibrios, impulsar una negociación efectiva de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2010, con un plan de revisión salarial a varios años, y garantizar la carrera profesional y la movilidad.
Asimismo, se aboga por reservar los actos administrativos que a los empleados públicos investidos de autoridad, que garanticen con su independencia los derechos de la ciudadanía, y por detener el proceso de privatización.
