El próximo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, y por octavo año consecutivo, la Fundación Adecco ha presentado el informe 'Un empleo contra la violencia', con el objetivo de visibilizar la situación de las mujeres víctimas de la violencia de género, dando pie al desarrollo de iniciativas dirigidas a su inclusión laboral.
Un análisis que basa sus conclusiones en una encuesta a 350 desempleadas víctimas de la violencia de género, de las cuales 70 son de Andalucía, complementada con algunas cifras de otras fuentes e informes de referencia.
La emergencia sanitaria vivida en 2020 ha desatado también la intensidad de las situaciones de violencia de género. El mayor tiempo de convivencia, el aumento de las tensiones en el hogar, el debilitamiento de las redes de apoyo familiar/social y las dificultades para acudir a centros de asistencia, han incrementado como nunca el riesgo de sufrir violencia, así como la invisibilidad de las víctimas.
Según un informe de la ONU, en 2019 casi una de cada cinco mujeres en todo el mundo fue víctima de la violencia de género, y este año muchas de ellas se han visto obligadas a permanecer aisladas en sus domicilios, debido al distanciamiento social, con gran exposición a la violencia y en medio de una situación de vulnerabilidad extrema, que se agrava en el caso de las mujeres desempleadas.
Este escenario de crisis e incertidumbre ha dado pie al silenciamiento de la situación de las víctimas, con elevado riesgo de cronificar su vulnerabilidad y la de sus hijos, así como de caer en la exclusión social de forma definitiva. De hecho, las estadísticas oficiales reflejan un aumento de las situaciones de emergencia, con un incremento del 37% en las llamadas al número 016, mientras que las denuncias han descendido un 15% en Andalucía (por encima del descenso nacional, del 12,4%), como sucede habitualmente en coyunturas de crisis.
El empleo constituye un pilar básico para que las desempleadas víctimas de la violencia de género puedan normalizar su vida, saque, entre otras cuestiones, proporciona a las mujeres autonomía e independencia económica, incrementa la confianza en sí mismas y amplía su círculo social.
Las respuestas de las desempleadas víctimas avalan esta premisa: la gran mayoría ve precisamente en el empleo un aliado para recuperar las riendas de su vida y superar la situación de violencia de género. Así lo refieren el 94% de las encuestadas, frente a un 6% que no considera que el empleo repercuta en este sentido.
Sin embargo, también para la mayoría el empleo se convierte en un elemento aspiracional, casi en un anhelo, ya que un 88% de las encuestadas en Andalucía cree que tardará más de un año en encontrar una ocupación estable. Las dificultades para encontrar trabajo se ven incrementadas por la situación de paro de larga duración, que afecta al 47% de las encuestadas. Además, es significativo cómo el 43% ha iniciado el proceso de búsqueda de empleo en tiempos de pandemia -36% hace entre 1 y 6 meses y 7% hace menos de un mes-.
La condición de víctima de la violencia de género puede derivar en diferentes formas de discriminación en otros ámbitos, siendo el profesional uno de los más destacados. Así, los prejuicios que siguen existiendo en la sociedad se trasladan al mundo empresarial en forma de reticencias a la hora de contratar a mujeres que acreditan haber sufrido violencia de género.
Preguntando a las encuestadas, es reseñable que la mayoría de las encuestadas en Andalucía (81%) considera que las empresas, lejos de estar sensibilizadas con la violencia de género, tienden a estigmatizarla. En concreto, creen que "evitan contratarlas porque las asocian con personas inseguras y/o problemáticas". Frente a esta corriente de opinión, un 19% defiende que las empresas cada vez se muestran más sensibilizadas y comprometidas hacia esta lacra social.
El actual 2020 ha sido también el año del despegue del teletrabajo: El 80% de las empresas ha impulsado medidas para reforzarlo, según un reciente estudio del Banco de España. Y si bien hace menos de un año era una modalidad residual, la pandemia lo ha acelerado hasta convertirlo en un imperativo que desafía las estructuras sociales y empresariales y que, a pesar de cotizar al alza, no cubre las necesidades de todos los sectores de la población.
En el caso de las desempleadas víctimas la opinión es contundente: El 87% de las andaluzas encuestadas prefiere trabajar de forma presencial, debido al temor a quedarse aislada en su domicilio, así como a las dificultades para construir lazos y redes de apoyo sólidos, a través de la vía telepática. Este dato no resulta llamativo si tenemos la realidad subyacente: Tal como corrobora el Boletín de Igualdad en el Empleo del Ministerio de Igualdad, la modalidad telemática refuerza el aislamiento de las mujeres víctimas, separándolas de personas y recursos en los que apoyarse.
En 2019 los juzgados recibieron un total de 34.629 denuncias por violencia de género en Andalucía, la cifra más alta desde que el Consejo General del Poder Judicial contabiliza los datos. Durante los años más duros de crisis económica (2012-2013), las denuncias registraron los valores mínimos de la década, para remontar paulatinamente con la recuperación económica, a partir de 2014, aunque se produjo una caída puntual en el año 2018.
Eso puede indicar que el descenso del número de denuncias no refleja necesariamente una disminución real de los casos de violencia de género; muy al contrario, las épocas de crisis pueden opacar el problema, al encontrar las mujeres más dificultades a la hora de pedir ayuda.
Los datos disponibles del año 2020 invitan a pronosticar, de hecho, una nueva ruptura de esta evolución alcista, debido a los efectos sociales y económicos de la Covid-19: Todo parece indicar que 2020 se saldará con una disminución en el número de denuncias.
De hecho, en el primer semestre de este año las denuncias han caído un 14,8% en Andalucía, siendo la cuarta Comunidad que presenta un mayor descenso, por detrás de Aragón (-22,3%), Comunidad de Madrid (-15,8%) y Cataluña (-15,4%). Cabe señalar, asimismo, que Andalucía es la Comunidad que presenta un mayor volumen de denuncias por violencia de género, acaparando un 20% del total nacional.
Por provincias, los mayores descensos en el número de denuncias se han producido en Sevilla (-31,4%), seguida de lejos por Almería (-25,9%) y Málaga (-18,4%). En el otro lado, Jaén (-13,7%) y Granada (-5,6%), están por debajo de la media regional. Córdoba, Huelva y Cádiz, por su parte, se desmarcan de la tendencia y han visto incrementar sus denuncias un 7,3%, un 5% y un 1,4%, respectivamente.
