La vicepresidenta del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba, Dolores Amo, ha informado este viernes de que este organismo asumirá el pago de 120.000 euros en costas procesales después de la desestimación, por parte del Tribunal de Cuentas, de dos demandas interpuestas por el anterior gobierno provincial del Partido Popular (PP).
"Vamos a acatar los autos del Tribunal, lo que supone un nuevo obstáculo al que nos tenemos que enfrentar, pero esto no nos va a impedir seguir con la hoja de ruta que nos hemos marcado en cuanto a inversiones en parques, vehículos y en mejoras del personal del Consorcio, algo en lo que ya estamos trabajando", ha subrayado Amo.
En este sentido, la también delegada de Protección Civil ha recordado que "en este último año y medio estamos realizando un esfuerzo importante por consolidar la plantilla y crear nuevas plazas; de hecho, próximamente comenzarán los exámenes de una convocatoria de 54 plazas de bombero-conductor y hemos creado nuevos puestos de administración general, jefes de turno y una plaza de mecánico".
De igual modo, según ha proseguido la vicepresidenta del consorcio, "vamos a invertir alrededor de un millón de euros en la mejora y reforma de los parques, más de 800.000 euros en vestuario y equipos de protección individual (EPI) y, un aspecto muy importante, más de cinco millones de euros irán destinados a la renovación parcial de la flota del Consorcio".
Dolores Amo ha insistido en que "el actual equipo de gobierno está trabajando en solucionar todos los problemas que encontró en el consorcio, mientras que gobiernos anteriores se limitaron a denunciar pero no hicieron nada para acabar con las deficiencias económicas, estructurales, organizativas y de gestión que presentaba".
Así, la diputada provincial ha señalado que "durante este mandato hemos liquidado la deuda mantenida con la Seguridad Social, por importe de 4.530.989 euros, y hemos devuelto a los trabajadores la parte correspondiente de la paga extra de diciembre de 2012". Además, ha adelantado, "en 2017 afrontaremos la totalidad del pago de la deuda por el pago del IRPF".
Tras la desestimación íntegra de la demanda interpuesta contra el anterior presidente y gerente del Consorcio respectivamente, y también contra el interventor por presuntas irregularidades en las obras del Parque de la Carlota, las costas procesales de los tres demandados y exonerados ascienden a 64.251 euros.
A esta cantidad se suma los 55.320 euros que el consorcio tiene que abonar por las costas procesales del expresidente del consorcio, después de que este fuera exonerado tras la demanda interpuesta por el anterior gobierno provincial.
