El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha aprobado sus alegaciones al anteproyecto de ordenanzas fiscales para 2021 y urge al gobierno municipal a poder negociar el contenido de las mismas, según ha informado esta misma mañana este organismo a través de un comunicado
Para el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), al acuerdo y negociación política hay que unir las aportaciones que se realizan desde el punto de vista técnico y legal por el CREA y la Intervención municipal y los dictámenes que reglamentariamente emiten el Consejo del Movimiento Ciudadano y el Consejo Social de la ciudad. Atender a esos cuatro informes dota al expediente de ordenanzas de seguridad jurídica y adecuación a las necesidades sociales.
Las alegaciones tratan asuntos que el Consejo del Movimiento Ciudadano viene solicitando desde hace años tales como pasar de IBI Urbano a IBI Rústico a aquellas parcelaciones que no tengan aprobado un plan parcial o plan especial definitivamente aprobado, estando en suelo urbanizable o urbano no consolidado. La jurisprudencia es favorable a esta reclamación por lo que no se entiende que se siga practicando una imposición injusta. Si no se cuenta con los servicios que convierten en un suelo en urbano se le debe cobrar IBI rústico.
Por otro lado, las zonas privadas de uso público tampoco reciben todos los servicios públicos, siendo normal que carezcan de servicio de mantenimiento de jardines y arboleda, de limpieza o de alumbrado público. Estos servicios tiene que ser abonados por las comunidades y vecindario afectado por lo que se ven obligados a un doble pago: por un lado, las tasas e impuestos municipales que le correspondan según el nivel de su calle, y por otro lado, el pago de los servicios que el ayuntamiento no les presta. Por eso, hay que compensarle rebajando impuestos y tasas o rebajar su orden fiscal.
Por último, entre otras propuestas, para favorecer la revitalización del casco, se propone incrementar las exenciones y bonificaciones para viviendas y comercios, desincentivando a la instalación de viviendas, apartamentos y negocios turísticos y hosteleros. Igualmente, se proponen diversas medidas de apoyo a la actividad social y ciudadana de entidades sin ánimo de lucro, como rebaja del Ibi a sus locales, uso gratuito del material municipal o no gravar las actividades en vía pública. También, se propone revisar y ampliar los fraccionamientos y aplazamientos de pago para atender las dificultades provocadas por la crisis económica de la pandemia.
