El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba ha condenado a los padres de un menor, alumno de un colegio de la capital cordobesa, a un año de prisión a cada uno, como autores de un delito de atentado contra un funcionario público, ya que amenazaron violentamente al jefe de estudios de dicho centro educativo.
Según recoge la sentencia, a la que ha accedido Europa Press, los hechos por los que ambos progenitores han sido igualmente condenados al pago de las costas procesales, que incluyen las de la acusación particular, tuvieron lugar el pasado 4 de marzo de 2015, cuando ambos padres se trasladaron al centro educativo donde cursaba estudios su hijo, con "objeto de hablar con el jefe de estudios por un problema que había acontecido dicho centro docente".
El padre, tras insistir en que el menor debía ser admitido en clase y después de explicarle el jefe de estudios que su hijo había sido expulsado y no era posible esto, se dirigió violentamente al docente y le manifestó que le iba "a sacar las tripas".
Al salir de la sala el jefe de estudios, la madre le señaló y le espetó: "esto lo voy a averiguar yo con un pincho, es que le voy a pegar otra vez", lo que provocó en el mencionado docente un "serio temor", según cita la sentencia, puesto que ya había sufrido con anterioridad una agresión física por parte de la acusada.
Por esta razón, otro profesor del centro, que se encontraba presente durante todo el evento, intentó que la ya condenada no franquease la puerta del despacho, al haber protagonizado con anterioridad otro ataque contra su compañero.
Tales hechos, según indica la sentencia, han sido acreditados y son constitutivos de un delito de atentado, previsto y penado en los artículos 550 y 551 del Código Penal, dada la condición de funcionario público del jefe de estudios del centro educativo. A este respecto, la sentencia señala que el padre y la madre del menor expulsado del centro educativo se dirigieron al jefe de estudios de manera violenta y agresiva, con amenazas verbales, como las referidas con anterioridad.
Junto a ello, en la sentencia se recuerda que existe jurisprudencia que estable que es "necesario el respeto hacia quienes tienen encomendadas unas funciones de vigilancia, seguridad y mantenimiento del orden, sin interferencias ni obstáculos", y que "toda sociedad organizada tiene que proteger la actuación de los agentes públicos, para que estos puedan desarrollar sus funciones". Esta jurisprudencia es la que se ha aplicado al funcionario docente en cuestión.
