El sindicato CTA ha informado de que los juzgados han dictado una sentencia que condenatoria contra un hombre acusado de "amenazar gravemente" a una trabajadora social que lo atendía en el Centro de Servicios Sociales Arrabal del Sur, en la barriada del Guadalquivir. El fallo determina una multa de 900 euros de multa, el alejamiento de la empleada, al menos de 200 metros, y el pago de las costas del juicio.
Según ha detallado CTA en una nota, es la cuarta trabajadora que denuncia por agresiones graves y amenazas en dicho centro. En los tres juicios celebrados hasta la fecha en todos se han conseguido sentencias condenatorias.
Al respecto, han explicado que "son las propias trabajadoras sociales las que han tenido que denunciar directamente y ser asistidas por el abogado de CTA, que el Ayuntamiento en este particular no ha puesto ningún medio jurídico para la defensa de sus funcionarios agredidos, tan sólo en unos de los casos se personó como acusación". En esta última ocasión, "el director general de Servicios Sociales ha interpuesto una denuncia por desórdenes públicos en un edificio municipal", según han agregado.
En este sentido, han aseverado que "desde Recursos Humanos del Consistorio no se ha adoptado ninguna medida conocida, ni siquiera se ha interesado por las trabajadoras agredidas, y políticamente nadie se ha pronunciado, salvo Rafael del Castillo, cuando estaba al frente de la Delegación de Servicios Sociales".
De este modo, el sindicato ha defendido que "las trabajadoras sociales son profesionales con vocación, que desde sus conocimientos intentan ayudar a los sectores de población más necesitados, en temas de exclusión social, con medidas coyunturales, de emergencia y en algunos casos con medidas de carácter estructural, ayudan a las personas y a las familias".
Pero los medios de los que disponen por parte de las administraciones, en concreto la local, son "muy limitados", según CTA, que ha indicado que "ellas no pueden resolverlo todo, pero sí son la cara visible ante los usuarios de la aceptación o denegación de esas ayudas que ofrece la administración". A juicio del sindicato, "hay que dejar un mensaje claro", como es que "las trabajadoras sociales no van a conceder recursos porque existan de por medio amenazas o agresiones".
Por todo ello, ha exigido al Consistorio que tenga "un protocolo de actuación", a la vez que "es muy importante que ofrezca seguridad a sus trabajadores", porque "no puede ser que las trabajadoras sociales vayan con miedo a su trabajo y además de ello, ese miedo las acompañen fuera de las dependencias de su trabajo", han apostillado, para reclamar "protección policial al menos en el centro".
Además, han mantenido que las medidas que se pueden tomar son "muchas", como "la instalación de cámaras, los botones antipánico, la presencia policial y, sobre todo, una labor educativa, donde institucionalmente ya se tenía que haber hecho ver la presencia en el centro de las primeras autoridades municipales, mandando el mensaje a la población usuaria agresiva de que no va a haber ningún tipo de tolerancia contra las agresiones a las trabajadoras".
Y por último, han añadido, "actuar ante los juzgados como Ayuntamiento, personarse como acusación particular en las causas que se den, por supuesto mostrando el apoyo a la denuncias por la parte política", así como "animando a las trabajadoras a denunciar, porque en muchos casos no lo hacen por miedo".
Pide soluciones urgentes
En definitiva, CTA advierte de que "la cuestión no es ninguna broma, ni es un tema de instrumentalización política", sino que "es un tema de seguridad muy grave", donde le han pedido a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, "soluciones urgentes, una vez oídas las propias trabajadoras, las organizaciones sindicales y la Dirección de Servicios Sociales".
De lo contrario, según el sindicato, "evidentemente, habrá que tomar medidas de movilización para concienciar a la sociedad de que ni las trabajadoras de los Servicios Sociales, ni las de la Ayuda a Domicilio van a permitir ser agredidas".
