El comité de empresa del Personal Laboral de la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Córdoba ha manifestado su "rechazo más absoluto" al Decreto 231/2021, de 5 de octubre, que "establece que la atención al alumnado con necesidades educativas especiales pasa a ser considerado un 'servicio complementario' que prestarán empresas externas subcontratadas".
Según han indicado UGT, CCOO, Ustea y Csif en un comunicado conjunto, el comité de empresa ha afirmado que este decreto "no ha tenido en cuenta las aportaciones o propuestas realizadas por las organizaciones sindicales, ni los intereses del personal laboral acogido al VI Convenio Colectivo".
Desde el comité han denunciado que "con este decreto se contradice la Ley de Educación de Andalucía, con el único objetivo de privatizar la atención al alumnado más vulnerable, lo que pone en serio riesgo el derecho a la educación en igualdad de oportunidades de estos niños".
Con el decreto aprobado por el Gobierno de la Junta, la atención al alumnado con NEE se equipara a las prestaciones que la Ley de Educación de Andalucía (LEA) define como 'servicios complementarios': comedor, aula matinal y actividades extraescolares. Así, este decreto queda, a juicio del comité, fuera del marco legal establecido.
"Consideramos inadmisible que, en lugar de revertir la externalización de puestos de trabajo, se ahonde en el proceso de privatización en el sector, que además precariza el empleo y los derechos laborales de las personas que trabajan en el mismo", ha subrayado el comité.
Tal como contempla la Ley Andaluza de Educación (LEA) en su artículo 116, la atención (que no el "servicio") al alumnado con necesidades educativas especiales, corresponde al profesorado y, en su caso, a otros profesionales con la debida cualificación. Los puestos de trabajo de las personas que desarrollan las funciones de apoyo y asistencia al alumnado con NEE (PTIS e ILSE), son puestos de trabajo estructurales y de carácter esencial, por lo que su privatización está fuera de cualquier opción.
Desde el comité de empresa han reiterado "la eficacia de los servicios públicos" y han propuesto "la gestión pública directa para la atención educativa del alumnado con necesidades educativas especiales".
Por todo ello, han exigido que el Decreto 231/2021 "sea derogado por completo y quede sin efecto desde este mismo momento", ya que "ataca de frente al derecho del alumnado con necesidades educativas especiales de recibir una asistencia profesional y de calidad, contra el personal que desempeña las funciones de apoyo y asistencia a este alumnado y al conjunto del sistema educativo andaluz".
