El Colegio de Farmacéuticos de Córdoba ha creado una bolsa de compañeros voluntarios con el fin de contar con profesionales disponibles para asumir la gestión de aquellas oficinas de farmacias de núcleos poblacionales rurales y aislados, de modo que si los farmacéuticos titulares se contagiaran por Covid-19, se evitaría el cierre de esos espacios sanitarios y se garantizaría la prestación farmacéutica a la población de dichas zonas.
Junto a esta medida, diseñada en coordinación con la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta, desde el Colegio de Farmacéuticos cordobés también se han establecido acuerdos con la Guardia Civil, la Diputación provincial y Cruz Roja Española para poder contar con su colaboración para la entrega de medicamentos en domicilios de núcleos rurales.
Esta medida, que tiene un carácter excepcional y no urgente, está dirigida a personas con problemas de movilidad, con enfermedades graves, alto riesgo de contagio o que no cuenten con personas de su entorno disponibles para acudir por ellos a las farmacias.
"En la provincia de Córdoba se han dado, hasta el momento, dos casos de farmacias que han tenido que ser clausuradas por positivos en Covid-19 y no contar con sustitutos para mantener el establecimiento sanitario abierto. Por fortuna, los casos se dieron en la capital, por lo que la población de las farmacias afectadas, que han reabierto ya tras superar la cuarentena, tenía garantizado el acceso a sus tratamientos en otras farmacias cercanas", explica Rafael Casaño, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba.
Si esto hubiera sucedido en núcleos rurales y aislados, "nos habríamos enfrentado a una situación grave, más si cabe teniendo en cuenta que las farmacias de dichos enclaves suelen ser el único espacio sanitario que ofrece una actividad continuada a los vecinos de la zona", añade el portavoz de la farmacia cordobesa.
A fin de prevenir los contagios entre los profesionales de las farmacias, que se encuentran en primera línea en la lucha contra el virus, desde el Colegio cordobés, en consonancia con toda la profesión farmacéutica española, se ha solicitado al Gobierno central (que desde el establecimiento del estado de alarma controla la distribución de productos como las mascarillas) que les proporcionen equipos de protección individual (los conocidos como EPIs) así como que realicen test a los trabajadores de estos espacios sanitarios para, así, evitar nuevos casos entre compañeros y a la propia población que acude a las farmacias. Pese a las reiteradas peticiones, aún no se ha tenido respuesta oficial al respecto.
