sábado 31.10.2020

JUSTICIA GRATUITA

El Colegio de Abogados tramitó 2.173 expedientes electrónicos de Justicia Gratuita en 2015, un 10% menos que en 2014

El uso de esta herramienta tecnológica por los ciudadanos ha disminuido respecto a 2014, cuando se gestionaron 2.420 solicitudes

El Colegio de Abogados tramitó 2.173 expedientes electrónicos de Justicia Gratuita en 2015, un 10% menos que en 2014

El uso por los ciudadanos del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita disminuyó durante el año pasado, ya que en 2015 se tramitaron 2.173 solicitudes con esta herramienta tecnológica, lo que supone una disminución del 10% con respecto al año anterior.

En 2014, fueron 2.420  los expedientes de ciudadanos que utilizaron este servicio, mientras que en 2013 el Expediente Electrónico se utilizó en 1.193 solicitudes de Justicia Gratuita, según los datos presentados en las V Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita que se celebran hoy y mañana viernes en Segovia.

En cuatro años prácticamente se ha duplicado el uso del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita en Córdoba, pasando de 1.100 expedientes en 2012 a 2.173 de 2015. El mayor incremento se produjo entre el año 2013 y 2014, cuando los expedientes electrónicos de Justicia Gratuita pasaron de 1.193 en 2013 a 2.420 en 2014.

El Expediente Electrónico de Justicia Gratuita recopila de forma segura y automática los documentos requeridos para justificar la solicitud del derecho a la Justicia Gratuita, aporta transparencia en la gestión, elimina los errores del expediente administrativo y reduce el coste económico y los plazos de tramitación hasta en 40 días.

Esta herramienta desarrollada por la Abogacía Española y puesta a disposición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita estatales y autonómicas proporciona una agilización notable del acceso a un derecho fundamental del ciudadano como es la Justicia Gratuita, facilitando sus trámites, a la vez que supone un ahorro de costes para la Administración.

El sistema desarrollado por la Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española, RedAbogacía, ya conecta a casi 80 Colegios de Abogados de forma telemática y sencilla con instituciones como la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y su Tesorería General, la Dirección General del Catastro o el Instituto Nacional de Empleo, también con organismos de comunidades autónomas con competencias en Justicia. Con este servicio, la Abogacía refuerza aún más su papel en la ‘Administración Electrónica’, centrándose en su compromiso con el servicio de la Justicia Gratuita al ciudadano que prestan casi 43.000 abogados a través del Turno de Oficio 365 días al año, 24 horas al día.

Por Comunidades Autónomas, la que más expedientes electrónicos tramitó en 2015 fue Andalucía, con 116.480 solicitudes de Justicia Gratuita por vía digital; seguida de Madrid, que el año pasado gestionó 97.690 expedientes; Comunidad Valenciana, con 91.843; y Cataluña, en la que 77.926 solicitudes de ciudadanos se tramitaron a través de las entidades colegiales.

Ventajas 

El Expediente Electrónico ofrece numerosas ventajas al ciudadano, al abogado, al Colegio y a las Administraciones Públicas.

Al ciudadano se le facilita el acceso a la Justicia Gratuita al simplificar los trámites y acortar los plazos en la obtención de documentos, ya que evita los desplazamientos y las esperas en las ventanillas de cada una de las Administraciones necesarias.

La digitalización del proceso permite al abogado atender y dar curso a un mayor número de casos con más agilidad.

Por su parte, el Colegio de Abogados asegura el contenido de las comunicaciones gracias a la firma electrónica y mejora su gestión ya que reduce los plazos de obtención de la información, a la vez que incrementa la calidad en el servicio prestado al ciudadano al unificar la información del solicitante en un único expediente de forma estandarizada y común a todos los Colegios de Abogados.

Por último, las Administraciones Públicas mejoran y agilizan el servicio que ofrecen al ciudadano, consiguen la trazabilidad completa del proceso para su posible auditoría y eliminan los posibles fraudes optimizando el gasto público y aportando la máxima transparencia en la gestión.

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