Coordinadora Andaluza por la Legalización Urbanística

CALU valora la actitud de la Junta para abordar la "grave" situación de las "víctimas del urbanismo"

El colectivo cree que el cambio de gobierno trae "esperanza y agradecimiento" por el "reconocimiento explícito de la maraña normativa que condena a años de procesos administrativos interminables y costosos para los ciudadanos"

Parcelaciones de Córdoba vistas desde Medina Azahara
photo_camera Parcelaciones de Córdoba desde Medina Azahara

La Coordinadora Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU), con sede en Córdoba, valora la "clara" disposición de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta, Marifrán Carazo, para abordar la "grave y penosa" situación de "miles de andaluces víctimas del urbanismo", que "sigue causando en Andalucía un retroceso social y económico impropio del siglo XXI".

Según han manifestado a Europa Press desde la coordinadora, los colectivos de parcelas de toda la región reciben el mensaje de la nueva consejera de Ordenación del Territorio con "esperanza y agradecimiento", dado que "con su análisis de la situación y el reconocimiento explícito de la maraña normativa que condena a años de procesos administrativos interminables y costosos para los ciudadanos ha puesto el dedo en la llaga".

En este sentido, han asegurado que su manifestación de "atajar cuanto antes con todas las medidas necesarias" dicha situación es "un soplo de aire nuevo", motivo por el que han dicho que se alegran de que "haya anunciado distintas medidas con la disposición de que la Junta trabaje estrechamente con los ayuntamientos para solucionar, en tiempo y de forma eficiente, los planes generales", como ya CALU demandó en su propuesta presentada a todos los grupos políticos del Parlamento en febrero de 2016.

Al respecto, desde los colectivos integrados en CALU han apuntado que trabajan y lo seguirán haciendo "apostando por un urbanismo que atienda las necesidades de todos los andaluces para que en pleno siglo XXI no haya un solo andaluz sin servicios básicos en esta tierra".

De hecho, desde CALU elaboran unos informes de "la situación real de Andalucía en viviendas irregulares", para lo cual ya se han puesto en contacto con el PP, dadas las competencias en Ordenación del Territorio, y cuando tengan los informes se le entregarán a la consejera.

En concreto, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha manifestado esta semana ante el Pleno del Parlamento que el nuevo Gobierno andaluz tiene como objetivo poner fin a la "maraña urbanística" que provocó el anterior Ejecutivo del PSOE-A y que ha llevado a que actualmente haya 300 planes generales de los ayuntamientos "atascados en los cajones de la consejería".

Durante su comparecencia ante el Pleno para informar sobre medidas a adoptar para agilizar, simplificar, armonizar y aclarar los procedimientos y trámites administrativos en materia de urbanismo y ordenación del territorio, Carazo ha denunciado que la "maraña urbanística" que provocaron los gobiernos del PSOE-A han frenado el desarrollo de Andalucía y la inversión y ha denunciado que había que esperar una media de ocho años para aprobar los planes generales de los ayuntamientos, por los largos procedimientos administrativos.

Sólo ha habido "parches"

En relación con las viviendas en suelos no urbanizables, ha señalado que el Gobierno andaluz ya está trabajando ante este asunto complejo y ha advertido de que hasta ahora sólo ha habido "parches", porque las modificaciones legales que llevaron los anteriores gobiernos del PSOE-A no ofrecieron ninguna solución a la problemática de estas edificaciones.

Ha anunciado, en relación con las edificaciones irregulares situadas dentro de asentamientos urbanísticos, que se va a permitir el acceso a los propietarios al "régimen de asimilado al fuera de ordenación", permitiendo el acceso, siempre que se cumplan todas las garantías legales, al registro de la propiedad y a los servicios mínimos necesarios, si bien adoptando las medidas correctoras precisas para minimizar el impacto ambiental de estas actuaciones.

Así, ha señalado que hay que afrontar este debate pensando en los usuarios, en las condiciones de salubridad y de seguridad de esas edificaciones y en el medio ambiente.

Ha manifestado que como sucede con la deuda que se han encontrado en la Consejería, en materia normativa también han recibido una "nefasta herencia" del anterior Gobierno del PSOE-A, empezando por una Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que tiene 16 años y que ha sufrido once cambios legislativos, algunos de gran calado. Ha denunciado que esa norma nació con "falta de coherencia" y es un texto "complejo, muy farragoso e inconexo, que no resuelve los problemas del urbanismo andaluz".

Carazo ha indicado que el anterior Gobierno del PSOE-A intentó promover una nueva ley de urbanismo de Andalucía, cometiendo el "error garrafal" de no implementar otras medidas necesarias. Ha señalado que esa nueva norma finalmente no llegó a ver la luz, lo que constató el "fracaso absoluto" del anterior Gobierno en esta materia, con funestas consecuencias para el urbanismo, la economía y las políticas de sostenibilidad y social.

Por otra parte, ha aclarado que el nuevo Gobierno no va a caer en ninguno de los "errores" del anterior Ejecutivo y va a apostar por una nueva Ley del Suelo, junto a la adopción de otras medidas paralelas para dotar de coherencia y sensatez al modelo urbanístico andaluz. A tal efecto, ha pedido a los grupos colaboración para que esta norma surja con el mayor consenso posible, entre otros aspectos detallados en sede parlamentaria.