El sindicato CGT de Córdoba ha denunciado esta mañana, a través de un comunicado público, "el despilfarro que supone mantener dos modelos educativos paralelos". Así, en Córdoba capital esta central sindical ha elaborado un estudio centrado en los distintos niveles educativos, "que viene a confirmar cómo la escuela pública se está convirtiendo en subsidiaria de la concertada". Ejemplos de ello es que en Segundo Ciclo de Infantil el porcentaje de alumnado matriculado es del 54% en la pública y el 46% en la concertada; en Primaria el 59% está en la pública y el 41% en la concertada, mientras que en ESO, el 56% en la pública y el 44% en la concertada. "La situación en otras capitales de provincia es incluso peor, caso de Cádiz o Granada", según la misma nota.
Para la CGT, durante este curso el PSOE de Andalucía tiene la oportunidad de apostar por la enseñanza pública. De Hecho, ya se ha abierto el plazo de renovación de los conciertos educativos y la delegado provincial de Educación, Esther Ruiz, remitirá una propuesta de los antes del 16 de febrero, y la CGT "exige que cumpla con el compromiso para que la bajada de la natalidad no repercuta únicamente en la enseñanza pública".
El comunicado añade que durante los últimos años se han cerrado "muchas aulas de centros públicos" en el país, alegando las administraciones razones como el descenso en las matriculaciones. Sin embargo, mientras en los centros públicos año tras año se reduce el número del alumnado, en los concertados se asiste a la creación de nuevas aulas.
Por razones clasistas
En vista de esta situación, CGT "cree que la verdadera razón por la que muchas familias matriculan a sus hijos e hijas en la enseñanza concertada no es por razones religiosas, ni por una mejor calidad educativa, ni mejor profesorado, sino por una razón meramente clasista". Para esta afirmación, el sindicato señala que el 82% del alumnado de minorías étnicas, inmigrantes y con necesidades educativas especiales se encuentra en la enseñanza pública.
En opinión del sindicato, los conciertos educativos reproducen la desigualdad social, favoreciendo a una determinada clase y rompiendo el principio de igualdad de oportunidades y suponen un despilfarro de recursos públicos que se destinan a beneficiar a negocios privados educativos. Son, igualmente, segregadores por motivos económicos, ya que subvencionados con dinero público, también cobran a las familias, y por motivos sociales, ya que menos de un 15% de su alumnado procede de un entorno social desfavorecido. Por estas razones, el comunicado propone "la paralización automática de todos los nuevos conciertos educativos previstos para el sexenio 2017-2023, la revisión de los conciertos actuales, teniendo en cuenta las plazas vacantes en los centros públicos, el incremento de inversión en educación pública hasta el 7% del PIB o la eliminación automática del concierto educativo a todos los centros que segreguen por sexo.
