El sindicato CCOO ha llamado la atención sobre la situación que afecta al personal técnico de integración social y a los intérpretes de signos, sectores que engloban a 1.400 trabajadores en Andalucía y unos 150 en Córdoba. Ambos colectivos van a tener tres días de protestas. Dos de ellos frente a la Consejería de Educación en Sevilla, en concreto el 15 y el 22 de enero, a las 11.00 en ambas ocasiones. Otro frente a la delegación de Gobierno de la Junta en Córdoba, el 22 de enero tamabién, pero a las 17:30.
A raiz de un informe del 2016 se determinó que la Agencia Pública de Educación no tenía competencias para contratar a este personal. La Junta tiene un plazo hasta 2020, determinado el pasado julio, para que ese personal que dependía de adjudicaciones a empresas pase a ser personal laboral de la institución regional. El secretario general del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez, ha señalado que desde entonces la junta ha estado "mareando la perdiz" y que ha puesto en marcha una bolsa de trabajo insuficiente, "puesto que muchas de estas personas se van a quedar en la calle".
Sánchez cree que la única solución para que no se queden en la calle, habiéndose dedicado como mínimo a esta labor entre cinco y siete años de media (algunos desde el 2003) es que se subroguen sus contratos "porque además la ley lo permite", en concreto la ley 9/2017 de contratos en el sector público en el artículo 130.3. Dicho artículo dice:
En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general.
Eso además, ha apuntado el responsable de CCOO, está recogido en el XV convenio de discapacidad en el que se incluyen estos trabajadores. Además "los tribunales le están dando la razón a los trabajadores que han demandado por cesión ilegal, ahora mismo existen alrededor de mil demandas en toda Andalucía".
