OPINIÓN SINDICAL

CCOO y Siplco critican la actitud "dictatorial" del gobierno ante los plenos

Han lamentado especialmente el documento que se entregaba al público advirtiendo de penas de multa y cárcel en caso de alterar el orden
Protesta silenciosa del Siplco en el Pleno
photo_camera Protesta silenciosa del Siplco en el Pleno

Los sindicatos CCOO y Siplco han criticado lo ocurrido en lo plenos celebrados esta mañana y por la tarde en el Ayuntamiento de Córdoba, en los que se exigía una acreditación para poder acceder, además de indicar en un documento las consecuencias penales que conlleva alterar las sesiones, con penas de multas y cárcel.

Para Pilar Rincón, delegada de CCOO en el Ayuntamiento, su sección sindical pone de manifiesto que ha sido una decisión "bastante polémica" que ha convertido la "casa matriz de Capitulares, y que es la casa del pueblo, en una fortaleza, donde para poder acceder tenían que estar acreditados y se les repartían documento con artículos del Código Penal para que supiese la gente las consecuencias alterar el Pleno, incluida pena de cárcel".

COO, en este sentido, ha asegurado no entender esta actitud, porque las acreditaciones, salvo en tiempos de José Antonio Nieto (PP), sólo se habían requerido para los plenos de investidura y época de pandemia, con acceso limitado a muchos establecimientos de la ciudad.

Por tanto, "nos parece una actitud por completo dictatorial y que ha dejado a la ciudadanía fuera y sin poder entrar libremente en la casa de todos". Rincón ha asegurado no entender el motivo de este "ataque directo a la democracia", y ha asegurado la solidaridad del sindicato hacia "el malestar y las críticas tanto de los grupos municipales que han abandonado el Pleno como del resto de ciudadanos que estaban dentro y también se han ido".

De igual modo, David Rivas, portavoz de Siplco, ha asegurado que sus aliados se sienten "muy indignados" con esta "actitud dictatorial", en la que se ha usado a la Policía para limitar el acceso a un Pleno público, al tiempo que "lo han colapsado con sus allegados" para evitar que los diferentes colectivos pudieran estar presentes reivindicando su situación.

Lo más llamativo, en su opinión, ha sido el documento donde se advertía de penas de cárcel y multas si se incumplían las normas. "Nunca se ha imputado ni se ha condenado a nadie por muy mal que se haya portado en un Pleno", ha expuesto, para indicar que se ha coartado la libertad de expresión y "no es manera de gobernar en democracia, porque si se considera un buen político debería buscar otras soluciones a sus problemas, que son muchos y con muchos colectivos".