La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO denuncia que Instituciones Penitenciarias sigue tomando medidas que afectan a las condiciones laborales y de salud del personal de forma unilateral y sin negociar con los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras, que ponen en riesgo la seguridad del personal y de la población reclusa. Los recortes se han evidenciado en la sustitución de mascarillas quirúrgicas por otras higiénicas de menor calidad y sin ninguna protección ni certificado de la CE, que obligan a usar durante 24 horas al personal penitenciario, cuando es un material desechable que dura 4-5 horas, por lo que el riesgo de contaminación cruzada se incrementa.
El secretario General de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba, Luis Mena, considera “grave la rebaja en la protección de los trabajadores y trabajadoras sensibles al coronavirus, personas con graves patologías de base o mayores de 60 años, en contra de la última guía de buenas prácticas aprobada por el Gobierno y el Ministerio de Sanidad el 11 de abril”. Además, los Servicios de Prevención de Instituciones Penitenciarias debieran de tener en cuenta que, con el primer positivo por coronavirus de un funcionario en la prisión provincial de Córdoba confirmado por la Subdelegación del Gobierno, las medidas sanitarias han de reforzarse.
CCOO sigue defendiendo la necesidad de mantener medidas de prevención y protección especiales en las prisiones “si queremos evitar que se repita la dramática situación de las residencias de mayores”, ha dicho Mena quien recuerda que “el servicio público penitenciario es especialmente vulnerable por el envejecimiento de las plantillas y el gran volumen de inmunodeprimidos y con patologías previas entre la población reclusa”.
El sindicato exige que no se recorte en seguridad laboral y se garantice la protección de todo el personal penitenciario y de la población reclusa, con los medios adecuados de los que se ha privado a las prisiones desde el inicio de la pandemia, dotando suficientemente de mascarillas quirúrgicas para el personal que no esté en contacto estrecho con los internos y facilitando EPIs necesarios (mascarillas FPP2) para todo personal con contacto estrecho, incluyendo al personal de vigilancia cuyas tareas se realizan a menos de un metro de la población reclusa durante largos periodos de tiempo.
Además, es necesario el control de la temperatura de todas las personas que accedan a la prisión como primera medida de criba frente al coronavirus, la realización de test masivos en las prisiones, tanto al personal como a la población reclusa, para conocer el nivel de penetración del virus y la evaluación urgente de los riesgos de los puestos de trabajo, por las personas y tareas que se desarrollen en los mismos para determinar los riesgos existentes en cada caso, el nivel de exposición al virus y las medidas preventivas a adoptar, la adecuación de espacios habilitados respetando las normas de distanciamiento social para evitar que el personal realice las comidas dentro de sus turnos de trabajo fuera de los puestos de trabajo, la evaluación de todo el personal que responda a los criterios del Ministerio de Sanidad como trabajadores vulnerables, y las actuaciones necesarias para salvaguardar su vida, así como la negociación colectiva con los representantes de los trabajadores y trabajadoras de todas las modificaciones de las condiciones laborales para combatir al coronavirus, ha precisado Mena.
CCOO defiende que lo primero es la vida y la salud de los más de 450 trabajadores y trabajadoras, y de los más de 1.000 internos e internas del Centro Penitenciario de Córdoba, por lo tanto, “un servicio esencial como son las Instituciones Penitenciarias tiene que estar en condiciones de garantizarlas sin ningún género de dudas. Y la entrega y el sacrificio del personal penitenciario para salvaguardar a la población reclusa y el servicio público penitenciario en unas condiciones tan difíciles se merecen, como mínimo, algo tan básico como que se cumplan las medidas preventivas más elementales y se les proteja para seguir garantizando un servicio público esencial”, ha concluido Mena.
