Los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, ISA y Ustea se han concentrado esta mañana a las puertas del Servicio de Administración Pública de la Junta de Andalucía, en la calle Gondomar, para rechazar los ceses de trabajadores públicos de la Junta de Andalucía y reclamar procesos reales de estabilización del personal interino y del laboral.
Según han expuesto estas cinco centrales en un comunicado conjunto, la Junta ha cesado, en aquellos puestos con más de una persona temporal o interina, al personal laboral temporal y al personal funcionario interino con más antigüedad en la Administración dejando de aplicar la instrucción consensuada con las organizaciones sindicales, por la que se regulan los ceses de este personal y aplicando retroactivamente la Ley de reducción de la temporalidad con el fin de no tener que convocar nuevamente dichas plazas en una nueva oferta de empleo público antes del 1 de junio de 2022 y ahorrarse las indemnizaciones que le corresponderían al personal que cese tras la entrada en vigor de la Ley de temporalidad el 29 de diciembre de 2021.
Estos procesos de estabilización y consolidación no están siendo adecuados para cubrir los objetivos que se proponen. En ningún momento ha habido interés de negociarlos con las organizaciones sindicales y están ya recurridos en los tribunales. Son más de 3000 empleadas y empleados públicos, funcionarios interinos o laborales temporales de larga duración, muchos de ellos con más de 20 años de trabajo en la Junta de Andalucía, los afectados por estas decisiones.
La Administración convocó plazas justo antes de la aprobación de la ley 20/21 para la reducción de la temporalidad y con el conocimiento previo de su texto. Esto provoca que el personal se enfrente en peores condiciones a los procesos de estabilización y, en muchos casos, pueda perder la indemnización. Además, en los procesos realizados, ha llegado a dejar plazas desiertas, dejando a personal con experiencia sobrada y muchos años de dedicación a la Junta de Andalucía en situación de precariedad. La Administración anuncia el cese del personal cuyas plazas están señaladas en las OEP 2017/2019, y empleados públicos de más de 50 años edad y con una larga experiencia laboral, condenados ahora a exclusión laboral.
Es significativo cómo la Junta adelanta los procesos selectivos para no tener que aplicar la Ley de reducción de la temporalidad a las personas que cesen, abonando las correspondientes indemnizaciones, pero sí dice que la aplica para cesarlos y no tener que convocar nuevamente las plazas en una nueva oferta de empleo público antes del 1 de junio de 2022.
La Administración de la Junta de Andalucía es la responsable de la mala gestión de estas Ofertas de Estabilización/Consolidación y debería de haber negociado con las organizaciones sindicales, al igual que se han hecho otras Administraciones, procesos de estabilización/consolidación reales, con el fin de acabar con la excesiva temporalidad en la Administración General de la Junta de Andalucía.
No es de justicia que, por cuestión de tiempos o por otras razones que no queremos imaginar, a personas con más de 20 años de prestación de servicio en la Junta no se les haya aplicado la Ley de reducción de la temporalidad saltándose la doctrina fijada por el TJUE de instaurar medidas efectivas que disuadan y, en su caso, sancionen de forma clara el abuso de la temporalidad y, por otro lado, evitando la realización de unos procesos selectivos de estabilización adecuados, que dentro de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, hubieran hecho valer la experiencia acumulada en la propia Administración de la Junta de Andalucía.
En estos momentos nos encontramos con unos criterios de ceses que no han sido negociados y que provocarán despidos masivos aun existiendo plazas vacantes dotadas sin cubrir, con necesidades de personal en la mayoría de los centros de trabajo y realizando constantes planes de choques y contrataciones de personal fuera de las relaciones de puestos de trabajo a través del Servicio Andaluz de Empleo, teniendo un capital humano, con experiencia y formado dentro de la propia Administración.
Las organizaciones sindicales dicen estar dispuestas a utilizar todos los recursos de movilización, negociación y legales que tenemos en nuestras manos para defender a estos empleados y empleadas públicos que están sufriendo esta nefasta gestión de recursos humanos propios.
