JUSTICIA

CCOO critica que no se vaya a reforzar el juzgado que se encargará de los pleitos de las cláusulas suelo

La Sección Sindical de CCOO en la Administración de Justicia denuncia que mientras la Consejería de Justicia dice que no nombra personal porque no tiene dinero, se gasta casi 1,5 millones en una empresa privada para “colaborar” en la nueva Oficina Judicial

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La Sección Sindical de CCOO en la administración de Justicia critica que no se vaya a reforzar el personal del Juzgado de 1ª Instancia Nº 9 de Córdoba, que a partir del próximo día 1 de junio comenzará a conocer en exclusiva todos los pleitos por cláusulas suelo, gastos de hipotecas y otros de toda la provincia.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ante la avalancha de pleitos que se va a producir una vez finalizado el plazo de cuatro meses establecido por el Real Decreto-Ley 1/2017 para que las entidades bancarias llegaran a acuerdos con los clientes,  ha decidido que todos los procedimientos por cláusulas suelo, gastos de formalización hipoteca, hipotecas multidivisa,  etc. de la provincia de Córdoba los lleve en exclusiva el mencionado juzgado por lo que a juicio de CCOO es imprescindible reforzar  la plantilla de dicho órgano judicial.

En este sentido, el sindicato recuerda que el CGPJ ha acordado que este Juzgado se refuerce con un juez, un letrado , un gestor, dos tramitadores y un auxilio judicial, siendo competencia de la Junta de Andalucía nombrar a los funcionarios de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial , algo que expresamente solicito CCOO el pasado 15 de mayo.

Sin embargo, la Consejería de Justicia dice que no nombra personal porque no tiene dinero, pues está medida tendrá un coste de casi un millón de euros en toda Andalucía, según el consejero, Emilio De Llera.

Para CCOO resulta escandaloso y bochornoso que el consejero de Justicia se gaste 1.488.333 euros en contratar una empresa privada para que colabore en la implantación de la nueva Oficina Judicial en El Ejido (Almería), Vélez-Málaga (Málaga) y Fiscalía de Sevilla y no tenga dinero para contratar el personal necesario para que la ciudadanía cordobesa sea atendida de manera rápida y ágil en las reclamaciones que presente contra los abusos de las entidades bancarias.