El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba considera que el plan retirada del amianto de los centros educativos construidos antes de 2001 planteado por la Junta de Andalucía es “a todas luces insuficiente, en tanto que se marca un plazo de cuatro años para elaborar un registro de centros educativos con amianto”, señala su secretario General, Francisco Javier Delmás.
“Es cierto que el amianto sólo genera problemas si se manipula, por tanto no hay que ser alarmistas, no obstante, es urgente la elaboración de un protocolo de actuación e información para los centros, indicando cómo actuar dado el caso”, indica Delmás.
A este respecto, CCOO tiene constancia de que ha habido centros educativos donde se ha procedido a cortar o retirar las pizarras antiguas --aquellas que están incrustadas en los muros de las aulas-- para colocar pizarras digitales, ello sin saber que estas pizarras antiguas pueden contener amianto en su composición.
El sindicato considera excesivo cuatro años para elaborar el registro y seis para la eliminación progresiva del amianto, ello, además, sin ningún documento más sobre dicho plan, y por tanto que pueda eternizarse el problema. Para CCOO, es imprescindible que este registro se elabore de inmediato, que en los periodos vacacionales de este mismo curso escolar se elimine el amianto detectado y, de forma urgente, se elabore un protocolo de actuación para todos los centros escolares construidos entre los años cincuenta y el 2001, fecha, esta última, en que se prohibió el uso del amianto en España, ya sean estos centros públicos o privados, definiéndose normativamente tener la obligación legal de eliminar el amianto que se detecte, independientemente de la titularidad del centro.
CCOO teme que el plan anunciado por la Junta de Andalucía para eliminar el amianto en los centros educativos corresponda a una precipitada puesta en escena, que será poco efectiva y que sólo considera los centros públicos, cuando este material fue utilizado en todas las instalaciones educativas durante décadas, ya sean públicas o privadas, siendo estas responsabilidad de sus propietarios.
