El sector de la Enseñanza de CCOO se ha concentrado hoy a las puertas del Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba, donde ha tenido lugar la inauguración oficial del curso universitario con la presencia del Rey Felipe VI y el ministro de Universidades, Manuel Castells, para mostrar su rechazo al anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) porque no ha sido debatido con la comunidad universitaria y porque tampoco ha sido negociado con los agentes sociales.
Desde el sindicato se asegura que la propuesta empeora la situación actual de las universidades públicas por varias razones, entre las cuales se encuentra la promoción de un modelo neoliberal, dejando a la educación superior al servicio de los intereses políticos y económicos, lejos de su vocación de servicio a la sociedad y más enfocada a la formación de las élites que una apuesta por una educación universal que ha demostrado ser una importante herramienta en la reducción de las desigualdades sociales. En esa línea, la política de becas y ayudas sigue condicionada por el rendimiento académico.
Tampoco aporta la LOSU una memoria económica clara para afrontar los retos de la modernización ni para disminuir la precariedad laboral y los recortes sufridos los últimos doce años, dejando un plan de inversión a futuro del 1% del PIB, muy por debajo de la media de la Unión Europea y de la OCDE.
Uno de los problemas más graves para CCOO es que se modifica también la estructura interna, reforzando el papel de los Consejos Sociales y su participación en el gobierno de la Universidad –estableciendo una configuración y mecanismos de nombramiento nuevos–, a la vez que se restringe la participación y representatividad de la comunidad universitaria, disminuyendo drásticamente la democracia interna con el sistema de elección del rectorado, los decanatos y otros órganos de dirección. De igual manera, se eliminan los mecanismos de rendición de cuentas y se facilita la proliferación de conciertos sin supervisión de los órganos universitarios.
La propuesta presentada por el Ministerio que dirige Castells tampoco resolverá la precarización de las plantillas al no contemplar el desarrollo claro de las carreras profesionales –ni vertical, ni horizontal, ni siquiera la posibilidad de promoción interna como en el resto de los cuerpos de funcionarias y funcionarios del Estado–, mantiene los actuales sistemas de acreditación externa (ANECA) y se vuelve al sistema LRU para que el proceso de concurso-oposición esté integrado mayoritariamente por componentes externos a la universidad que convoca la plaza o para imponer estancias en otros centros por un periodo de nueve meses.
