Al final, el llamado 'Caso Infraestructuras' ha dejado sobre la mesa que en el Ayuntamiento de Córdoba (tanto en éste como en anteriores mandatos), ni todos son unos santos ni tampoco son unos diablos.
Las acusaciones de 'tramas corruptas' o de simples 'vistas gordas' y 'puestas de perfil' a determinadas prácticas poco saludables en un servicio muy determinado de Infraestructuras (el de contrataciones) han volado esta mañana de uno a otro lado de las bancadas del Pleno, con un alcalde, José María Bellido (PP), en medio y que para ponerse a la misma altura que los demás ha pedido que a él también se le pusiera el reloj en marcha para no excederse en sus comparecencias.
Lo que comenzó como una investigación iniciada por la malograda Amparo Pernichi sobre una posible fracción de contratos de iluminación en la Avenida de Libia ha derivado en la salida del gobierno de un concejal, David Dorado (ahora sin grupo) y en una "extensión de la mancha", como lo ha calificado el regidor, que ahora llega a 25 contratos de la época de Pernichi y de Francisco Tejada cuando estuvieron en Infraestructuras, además de que se ha solicitado por parte de la Fiscalía documentación de cuando el propio Bellido tenía en sus manos las contrataciones municipales en la época de José Antonio Nieto como alcalde en 2012.
Precisamente, el hecho de que se hayan incluido esos 25 contratos de la época de los cogobiernos de PSOE e IU ha llevado a un airado concejal de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), a acusar a la oposición de falta de autoridad moral para poder decir de nadie que está inmerso en una trama de corrupción. "Nosotros jamás lo planteamos con otras irregularidades en contratos, menores o no, de épocas anteriores y ahora ustedes tampoco pueden ir diciéndolo impunemente, porque si nos preguntan qué sabíamos nosotros de las irregularidades que se están investigando podemos tirar de la manta y preguntarles a ustedes exactamente lo mismo".
Fuentes destaca que la investigación incluye 25 contratos de la época de Amparo Pernichi y Francisco Tejada "y no vamos acusando a PSOE e IU de estar en una trama de corrupción"
Y hasta tal punto son conocidas las malas (y antiguas) prácticas en Infraestructuras que Fuentes ha acabado diciendo a la oposición que "ustedes son tan responsables como el que más de la situación dada", por lo que "no pueden ustedes darnos lecciones ni de moralidad ni de control", antes de advertir que en este asunto "no pongo la mano en el fuego por nadie".
No obstante, frente a las acusaciones también de que se ha tratado por todos los medios de tapar, dificultar, ocultar y poner trabas a todo este proceso, que está ya en el Juzgado de Instrucción número 4, un decreto de Fiscalía hecho público ayer indica lo contrario, es decir que se ha colaborado por parte del Ayuntamiento en todo momento y de forma correcta. "Si yo tuviera mochilas o algo que ocultar no habríamos actuado con la firmeza con la que hemos actuado", ha indicado el alcalde.
De hecho, ha puesto como ejemplo de la reacción del gobierno las soluciones tales como el hecho de que ahora haya que publicar absolutamente todos los contratos menores (por debajo de 18.000 euros) en la plataforma de contratación, de que se ha puesto en marcha una supervisión de proyectos para que no haya fallos ni errores o irregularidades en las memorias técnicas, la creación de de oficina para supervisar los contratos de más de medio millón de euros, que haya instrucciones incluso para tramitar de forma coordinada facturas de 3.000 euros (que no llegan al carácter ni de contrato) y para las que se piden hasta tres presupuestos, mientras que para la compra de material se ha iniciado el expediente para que ésta se haga con un sistema de adquisición dinámico, que funciona a modo de central de compra.
A partir de ahora se pedirán hasta tres presupuestos incluso para facturas de 3.000 euros como ejemplo de transparencia
Bellido ha querido profundizar más y ha propuesto a la oposición la puesta en marcha de una nueva agencia de ordenación urbana para aunar en un único espacio los servicios de Urbanismo y de Infraestructuras para "evitar estas situaciones".
De igual modo, Bellido ha recordado que uno de los técnicos imputados ha sido apartado de la parte de contratos y su comisión de servicios se ha extinguido, por lo que es un funcionario más de la casa. Ante eso, Dorado en su intervención ha recordado que hay otro técnico imputado y no ha sido apartado de sus funciones, además de que puede haber un conflicto de intereses en caso de que el Ayuntamiento se persone en la causa, ya que Miguel Aguilar, el jefe de la Asesoría jurídica, ha indicado que "la mujer del técnico imputado en la segunda causa trabaja en la Asesoría Jurídica".
Mientras, la portavoz de Cs y primera teniente de alcalde, Isabel Albás, ha manifestado que, "según dicen los informes, aquí parece que ha habido malas prácticas en la Delegación de Infraestructuras y que IU y Podemos llevaron el caso al juzgado, pero también es cierto que David Dorado, recopilando una serie de información, llevó otro caso al juzgado".
En este caso, ha dicho que respeta "las decisiones judiciales" y que "los cordobeses no se merecen este espectáculo, porque los dos casos está siendo tramitados por la justicia". Y ha elogiado que "se ponen soluciones, con controles, para que este tipo de prácticas no se vuelvan a dar" y ha abundado en que "esto viene también de mandatos anteriores", pero "PSOE e IU no llevaron a cabo medidas".
Por su parte, la portavoz de Vox, Paula Badanelli ha llevado al Pleno el dato de la contratación menor en el Ayuntamiento durante el año 2021, que sumaron en total 5 millones de euros, "pensados única y exclusivamente para evitar los controles de fiscalización, porque si bien es normal que alguno menor hace falta, han de ser la excepción y no la generalidad". Y puso como ejemplo lo que estaba ocurriendo en el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), donde para obra la contratación menor tiene limite hasta 40.000 euros, una cantidad interesante de contratos siempre superiores a los 39.000 pero inferiores a 40.000, en lugar de uno de 400.000 euros para arreglarlo todo de golpe. "¿Es que eso no les chirría?", se ha preguntado.
Pedro García, portavoz de IU, solicita que haya un Pleno sobre el estado de la ciudad antes de que finalice el mandato
Para Pedro García, portavoz de IU, quien, por cierto, ha solicitado públicamente la celebración de un Pleno sobre el estado de la ciudad antes de que finalice el mandato, el alcalde "sabía todo lo que estaba pasando en Infraestructuras, pero se pasó un año y medio sin hacer nada", por tanto, ha considerado que era "cómplice de lo que allí pasaba", si bien ha asegurado que no considera al alcalde corrupto.
En su opinión, Bellido "se ha puesto de perfil en el 99,9% de las cuestiones que han pasado en el Ayuntamiento, que han sido muy graves".
La portavoz de Podemos Córdoba, Cristina Pedrajas, ha declarado que "no se ha conocido en la historia del Consistorio un gobierno con más escándalos"; ha precisado que la primera denuncia partió de IU y Podemos y que "la transparencia no ha estado presente al privar a la oposición de información", a la vez que ha afirmado que "el alcalde ha defendido desde el primer momento a los implicados en esta trama" y ha preguntado por "quiénes más están implicados" ante "la posible participación de terceros".
José Antonio Romero, portavoz socialista, ha incidido en el hecho de que a día de hoy se siguen realizando malas prácticas en la contratación, como ha dejado dicho en un informe el titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local (JGL) sobre contratos menores en el segundo trimestre de 2022, donde se alertan de varias deficiencias. Es el caso de que el precio se deja ligeramente por debajo del importa máximo, como es el caso del contrato de material deportivo para el SEIS por 14.998,16 euros, "rozando los 15.000", o los 39.983,34 euros para el soterramiento del cableado en el altar de Candelaria, "rozando los 40.000".
El juez de Instrucción número 4 amplía la investigación hasta el 25 de mayo de 2023 y avisa que puede ampliarse el elenco de personas investigadas
De igual modo el socialista ha señalado que la falta de transparencia llega a tal punto que el alcalde no ha informado del auto del magistrado-juez de Instrucción Número 4, José Luis Rodríguez Lainz, donde se amplía el plazo de investigación por seis meses más (hasta el próximo día 25 de mayo de 2023), así como el elenco de personas investigadas.
En el texto judicial se indica literalmente que "en las actuaciones está pendiente de recepción el informe policial sobre posibles vinculaciones entre empresarios seleccionados para realización de las contratas que están siendo objeto de investigación", y de tales pesquisas "podría derivarse la posibilidad de ampliar el elenco de personas investigadas, así como de practicar nuevas diligencias de investigación, incluso en interés de las defensas de los investigados".
