La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes el Plan Presupuestario para el periodo 2020-22. Según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, Emilio Aumente, se trata de un documentación que hay que enviar al Ministerio de Hacienda como "una previsión de los próximos cuatro años". Según Aumente, este plan incluye la previsión de gastos e ingresos del Ayuntamiento dentro de su presupuesto consolidado.
En el capítulo de ingresos, para el año 2020 se prevé que las arcas municipales recauden 334 millones de euros. En el 2021, 341 millones de euros, y en el 2022, 347 millones de euros. Dentro de esta previsión se incluye la recaudación por impuestos directos, indirectos, tasas, ingresos patrimoniales e ingresos de capital, entre otros.
Por otro lado, en el presupuesto estimado de gastos, el Ayuntamiento prevé para el año 2020, un gasto de 334 millones de euros, lo que generaría un superávit de 128.000 euros. En el año 2021, la previsión de gastos es de 341 millones de euros, lo que permitiría acabar al Ayuntamiento con un saldo positivo de 223.368 euros. El el año 2022, el gasto se situaría en 347 millones con un superávit de 321.900 euros. En esta previsión de gastos se incluye el de personal, el pago de intereses, las transferencias de capital y las inversiones reales. En el capitulo de gasto de personal, para el año 2020 está previsto 158 millones de euros, en el 2012, 161 millones de euros y en el 2022, 165 millones de euros.
Por otro lado, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado la modificación del capítulo 6 de las bases reguladores de las ayudas en el alquiler de viviendas. De esta forma, ha explicado Aumente, se acelerará el proceso ya que se "adelantará el dinero de Servicios Sociales a Vimcorsa".
Modificación del capitulo 6 de las bases reguladores de las ayudas en el alquiler de viviendas. Ahora mismo hay un convenio con vimcorsa, para acelerarlo, se adelanta el dinero de la delegación de Servicios Sciales a Vimcorsa, quién hasta le fecha y según la Ley general de Subvenciones de 2018, adelantaba la parte correspondiente y la ingresaba en la cuenta de la persona beneficiaria. Posteriormente Servicios Sociales comenzaba la tramitación para la devolución, un procedimiento que se ha revelado insuficiente.
