La provincia de Córdoba va a tener este año 178 millones de euros para beneficiar a más de 3.700 trabajadoras en materia de dependencia, incluida la ayuda a domicilio, con motivo de pasar de 13 a 14,60 euros a la hora, un incremento que se verá reflejado en la nómina del mes de marzo próximo, según ha señalado esta mañana la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz (Cs).
Para dignificar el trabajo del servicio de ayuda a domicilio, que ha estado desde 2007 con el precio congelado en los 13 euros, se van a destinar directamente 61,5 millones de euros en el presupuesto de 2021 y que van a formar parte de los 1.609,1 millones del presupuesto total para dependencia. "No es suficiente, pero es el primer paso de muchos para mejorar las condiciones son sólo salariales, sino también de derechos y condiciones laborales" de este colectivo mayoritariamente formado por mujeres.
De igual modo, la consejera ha acudido a Córdoba para explicar a la concejal de Servicios Sociales, Eva Timoteo (Cs), el borrador del proyecto de la Orden de Ayuda a Domicilio, cuya publicación está prevista para el próximo mes de abril, y que viene a incluir mejoras laborales en sus condiciones de trabajo y a "agradecer el esfuerzo del Ayuntamiento de Córdoba en el aumento de casi 1 euro por hora, y les tengo que pedir que lo mantengan", ha señalado Ruiz. Una cuestión que la propia concejal tenía claro que iba a hacer asintiendo con la cabeza.
Una de esas mejoras será en horarios, más conciliadores, o en el hecho de que en el criterio de valoración de los pliegos de condiciones no se centre todo en la rebaja de la oferta económica, "sino que se añadirán cláusulas sociales para que puedan integrarse personas de colectivos más vulnerables, tales como mujeres víctimas de violencia de genero o en riesgo de exclusión social y discapacidad".
El incremento en el presupuesto global para Andalucía también se debe a que en el último año se han aumentado 775 plazas en toda Andalucía para residencias y centros de día, de las que 60 son en Cordoba, además de que hay cada vez más solicitudes de ayuda a domicilio. "Sabíamos que había un déficit estructural y lo estamos solucionando".
A cierre de 2020, había 11.843 personas en situación de dependencia que cuentan con el Servicio de Ayuda a Domicilio en la provincia de Córdoba. Durante el pasado año, este servicio ha experimentado un incremento de un 14,6%, lo que supone 1.508 personas más en la provincia que son atendidas a través de este de ayuda a domicilio (3.465 nuevas altas).
El incremento en el precio hora beneficiará 32.000 trabajadoras del servicio en Andalucía, merced a ese incremento del 12,3% aprobado por la Junta de Andalucía.
En el encuentro también ha tomado parte el nuevo delegado Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta en Córdoba, Antonio López (PP), y se enmarca en la ronda de contactos que la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación está manteniendo con diversas entidades para fomentar la colaboración institucional y alcanzar un acuerdo que permita blindar la ayuda a domicilio.
La reunión ha servido además para trasladar al Ayuntamiento de Córdoba los detalles del proyecto de la nueva Orden que regulará este servicio, y que tiene como objetivo ofrecer el marco legal para blindar el servicio para las personas usuarias y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de la ayuda a domicilio.
Entre las novedades que incorpora el proyecto de Orden elaborado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación se incluyen nuevos artículos en referencia a los derechos de las trabajadoras. Así, por ejemplo, se excluye expresamente del personal auxiliar las actuaciones de carácter sanitario o de las necesidades del hogar que no estén recogidas.
Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del personal, se garantiza una organización del servicio que mantenga unas jornadas laborales dignas y conciliadoras del empleo, buscando el equilibrio entre turnos de mañana y tarde para evitar jornadas fraccionadas y estando prohibida la realización de servicios de menos de una hora. Asimismo, se establece unos intervalos horarios de prestación preferente para personas usuarias que requieran atención especial como las postradas en camas o que precisen ayuda para levantarse y acostarse.
Además de la fiscalización del servicio por parte de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, la nueva Orden contempla la mejora de la coordinación entre la entidad local y la prestadora por medio de la regulación de la figura de la persona coordinadora.
Por otra parte, con el objetivo de fomentar la integración social mediante la contratación, se especifica que los pliegos deberán contemplar colectivos como las personas ex tuteladas, mujeres víctimas de violencia de género, residentes en zonas desfavorecidas, perceptoras de la Renta Mínima de Inserción Social, personas con discapacidad o en situación de riesgo de exclusión social.
De esta forma y mediante otro tipo de medidas, se pretende evitar que el enfoque en los procesos de licitación someta a la adjudicación del servicio a la oferta económica más ventajosa. Así, por primera vez, el peso relativo de esta respecto al resto de los criterios de valoración de las propuestas no deberá superar el 45% y, además, se reconoce la potestad de las entidades locales de complementar la financiación del servicio.
De igual modo, la consejera de Igualdad se ha trasladado hasta la sede de la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y otras Afecciones Similares (Acpacys), donde ha conocido de primera mano el nuevo proyecto interdisciplinar de la entidad para ayudar a las personas afectadas con esta dolencia.
Creada en 1979 y con unas 300 familias asociadas, Acpacys ofrece asistencia, rehabilitación, enseñanza, empleo y desarrollo de medidas para el desenvolvimiento en la vida diaria de niños, adolescentes, personas adultas con parálisis cerebral y personas afectadas con afecciones similares.
