La pandemia mundial causada por el SARS-CoV-2 afecta a toda la población, pero hay un sector que se ha quedado tan aislando que está ya lanzando un SOS social para solventar su situación. Son los habitantes de los asentamientos rumanos repartidos por la ciudad, que acogen a entre 80 y 90 familias para un total aproximado de 340 personas, según datos que maneja la Asociación Cordobesa para la Inserción Social de Gitanas Rumanas (Acisgru).
Sus problemas son acuciantes, especialmente de agua y comida, y más ahora que, como todo el mundo, deben permanecer confinados en sus infraviviendas y, por tanto, no pueden salir a recoger chatarra en sus carritos, por lo que sus medios de sustento están bajo mínimos.
Su presidenta, Cati Rojas, ha explicado a Córdoba Hoy que la Asociación está en contacto permanente con la Unidad de Calle del Ayuntamiento, y "me consta que los técnicos municipales quieren y desean atenderlos de forma inmediata, pero la gestión de los recursos municipales es muy lenta y están perdido sin saber exacta te cómo hacerlo, por lo que a día de hoy no les llega ayuda en absoluto".
Veinte euros por familia
Desde Acisgru en los últimos días se ha realizado una recolecta de urgencia por lo que a un 90% de las familias afectadas ("hay algunos que tienen un muy difícil acceso y más en las circunstancias actuales") se les ha podido entregar 20 euros en metálico, mediante transferencias o en forma de bonos en tiendas, pero es una ayuda "pequeñísima" para las necesidades que tienen", ha explicado.
El problema es el agua y la comida. "No pueden recoger chatarra y, por tanto, carecen de recursos y nos han indicado que están pasando muchos agobios". Algunos asentamientos como el de Oasis, en el Sector Sur, tienen acceso al agua, otros, como el de Carbonell, están sin agua "y cuando quieren ir a recogerla en la Fuensanta, los vecinos o la Policía Local les dicen que no pueden y que la compren en las tiendas". Se supone que el agua es de primera necesidad, por lo que tendrían posibilidad de circular por la calle para recogerla en botellas y garrafas, pero quizá haya todavía ciudadanos de primera y de segunda o tercera.
Estas familias, por otra parte, no están consideradas como sin techo, "porque tienen uno, aunque sea de uralita" y no forman parte del centenar de sin techo a los que el Consistorio, a través de Servicios Sociales, por lo que no se beneficiarían de la ubicación que todavía está buscando el consistorio, aunque en este caso "ni querrían", advierte Rojas.
Ayuda con fondos europeos
Tampoco son susceptibles de ser atendidos por Cáritas Diocesana, ya que, según Cati Rojas, Acisgru entra dentro de un programa de reparto de alimentos que se lleva a cabo a través de fondos europeos. Se realizan tres al año, y el próximo es en la segunda semana de abril, por lo que "es un plazo muy largo para sus necesidades imperiosas de ahora", advierte la responsable, para añadir que "estamos pensando en que se lleve a cabo otro reparto de alimentos antes, a través de la Unidad Militar de Emergencia" (UME), pero eso es algo que está todavía por ver.
Por su parte, Rafael del Castillo, exconcejal de Servicios Sociales por IU, quien durante el pasado mandato trató de buscar soluciones definitivas a los asentamientos y al chabolismo en la ciudad, ha recordado que es un "problema que se arrastra desde hace mucho tiempo, y a la que de forma inicial se le dio una solución policial y no social. "Con el tiempo, los técnicos municipales y algunos asesores políticos se dieron cuenta que por ahí no se iba a solucionar el problema y se empezó a cambiar la forma de enfocar el problema, a mi juicio de manera acertada, y se montó una Unidad de Calle, que visitaba a las familias con menores interesándose por su situación escolar y les ayudaban con el empadronamiento y cosas por el estilo", ha indicado a Córdoba Hoy.
En su opinión, estas actuaciones resultaron muy beneficiosas, pero no bastaban para resolver la situación de indignidad con la que estaban viviendo estas familias y, en este punto, "la voluntad política no ayudaba, incluso se volvió a prácticas de antes con desmontaje de asentamientos sin alternativas habitacionales", ha señalado.
Para Del Castillo, "con los gobiernos del PP no se avanzó nada", a pesar de que se mantuvo la Unidad de Calle funcionando, e, incluso, "nos encontrábamos situaciones contradictorias donde Servicios Sociales era el último en enterarse de que iban a desmontar un asentamiento", ha añadido.
Fuentes públicas y Sadeco
En el mandato anterior, con él de concejal, se intentó tornar esta situación con la colocación de fuentes públicas y la colaboración de Sadeco para la limpieza e higiene de los asentamientos, "pero tampoco con esto era suficiente". Por ello, se montó una comisión donde había técnicos municipales, de la Junta de Andalucía, así como organizaciones sociales, y se llegaron a incorporar personas de los propios asentamientos. "La idea era hacer un diagnóstico de la situación y elaborar un proyecto de actuación a corto, medio y largo plazo", recuerda Del Castillo.
Pero un punto débil para conseguir montar ese diagnóstico y el posterior proyecto era la falta tan enorme de personal en los Servicios Sociales municipales.
Por ello, se llegó a la conclusión de que la solución no pasaba por dar algunos recursos a los asentamientos para tranquilizar conciencias, sino por "ser conscientes de que las personas que allí viven son personas de nuestra ciudad que lo hacen en unas condiciones de insalubridad e indignidad que debería ser inasumible por parte de las administraciones y actuar políticamente haciendo actuaciones encaminadas a erradicar esa forma de malvivir, no echando de allí a esas personas, sino construyendo alternativas adecuadas para ellas teniendo en cuenta su contexto social y cultural, entendiéndolo como una riqueza y sobretodo contando con estas personas para encontrar estas alternativas".
Hay que tener en cuenta, como recuerda el exedil, que muchos de ellos llevan ya dos décadas viviendo en Córdoba y que muchos de sus hijos son cordobeses, empadronados en esta ciudad y que se están formando en centros educativos de Córdoba.
Una de esas alternativas citadas fue buscar ayuda externa. De ahí que la comisión contactara con la Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur (Fecons), que "nos contó su experiencia con los asentamientos chabolistas de la provincia de Huelva y sacó un aprendizaje muy interesante, como la necesidad de hacer campañas de desmontaje de falsos mitos acerca de la población romaní, poner de acuerdo a los diferentes grupos políticos y trabajar entre todos de manera coordinada".
La idea era firmar un convenio de colaboración con Fecons, con unos 30.000 euros de presupuestos, que no se llegó a rubricar. "Desconozco los motivos, yo hice esa propuesta, pero ya me había ido del Ayuntamiento cuando se aprobaron los presupuestos", recuerda. Para Rafael del Castillo, "la situación por la que hoy deben estar pasando las personas de esos asentamientos tiene que ser dramática, sin agua potable, sin un plan donde reubicarlos, sin ser una prioridad...".
