Finalmente, el jucio que se iba a celebrar hoy contra el activista de A Desalambrar Manuel Trujillo, por supuestamente haber cortado un alambre que cortaba el paso en el camino público de El Bañuelo, ha sido aplazado por motivos burocrásticos hasta el próximo 5 de mayo.
Previamente a la celebración de la vista en teoría prevista para esta mañana a las 10.00 horas, a las puertas de la Ciudad de la Justicia se concentraron varias decenas de miembros de partidos políticos, ecologistas, la propia plataforma, otras organizaciones y asociaciones y hasta empresarios turísticos que necesitan que los caminos estén abiertos para organizar rutas para senderistas, a fin de apoyar y dar ánimos al acusado, quien, junto al presidente de A Desalambrar, Pancho Gamero, atendió a los medios.
El coordinador de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos ha explicado que su presencia en los juzgados es porque el propietario de una finca que tiene cerrado un camino aseguró que él había cortado una alambrada. "Yo simplemente, en un programa de televisión hice el corte de un alambre para que se viera que el problema de trasfondo es que el camino está cerrado por este hombre y el Ayuntamiento no hace absolutamente nada al respecto, pese a que llevamos años pidiendo que los abra".
En su opinión, siendo como es un camino público y sin que "hiciéramos ningún daño, salvo el de pasar por él", el juicio no debería tener consecuencias. Es más, "es el Ayuntamiento quien debería traer al propietario a los juzgados por cerrar el camino", con alambre de espino, que está prohibido, y con doble vayya que también son ilegales.
El de El Bañuelo se cerró en diciembre de 2020 y así sigue, pese a las denuncias. "Y en lugar de es estar aquí el Ayuntamiento defendiendo los intereses públicos, tengo que ser yo quien haga su papel". Frente a eso, Trujillo ha demandado que los caminos se dejen expeditos y que el Consistorio "sea el siguiente que tenga que pasar por el juzgado si no hace su trabajo y su deber".
El activista ha señalado también que, al contrario que otros propietarios que ponen una cancela que se puede abrir al paso de los senderistas, "este hombre cuando compró la finca tenía el camino abierto y lo primero que hizo fue comprar una cancela para pasar, pero luego le dio por cerrarla, y se ha convertido en el único propietario de tierras por las que pasa el camino que lo mantiene sin abrir".
Trujillo ha recordado que son ya 20 años de lucha en los que se ha convencido a muchos propietarios por parte de la plataforma, pero "jamás el Ayuntamiento ha hecho lo que tiene que hacer y ya está bien". De hecho, ha hecho un llamamiento al alcalde, José María Bellido (PP), para que "cumpla sus obligaciones y lo recupere".
Una de las cuestiones que ha querido destacar es que se está produciendo el juicio en el momento en que desde el Ayuntamiento se quierte aplicar una estrategia de turismo natural, con la Sierra cordobesa de protagonista, donde se producen este tipo de problemas, con caminos desaprovechados "por estar en manos de esta gente".
Por el momento A Desalambrar ha tenido que ir a juicio tres veces, con ésta. Ha tocado una vez a cada uno de sus portavoces a lo largo de este tiempo: Bartolomé Olivares, Patrick Philpott y él mismo. El primero fue absuelto y el segundo fua condenado a pagar 1.095 euros por retirar un candado en un camino que no estaba en el inventario municipal, si bien el de El Bañuelo sí lo está.
En su momento A Desalambrar recogió 3.000 firmas para que se reuniera una comisión de caminos, que lo hizo el verano pasado sin muchas consecuencias, y ahora se han recogido las adhesiones de muchas entidades ciudadanas y colectivos, y es que "salvo 10 o 12, la mayoría, el 99%, de la ciudadanía cordobesa apoya que los caminos estén abiertos".
Por su parte, el coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, ha dicho que "no es lógico que en un país democrático" que, ante "un incumplimiento de la legalidad vigente, como es evidentemente el cortar caminos públicos para el tránsito", a quien se juzgue sea quien señala esa ilegalidad, tras ser denunciado por quien ha cortado el paso en un camino, es decir, "que los verdugos se conviertan en víctimas y las víctimas en verdugos, el mundo al revés".
Pérez, quien ha manifestado la "máxima solidaridad y apoyo" de IU al acusado, ha defendido que "este país no se puede quedar en las manos de cuatro que quieran cortar lo que es de todos y para todos", queriendo "convertir lo que es de todos en su propiedad privada" y, según ha lamentado, "estos casos se están expandiendo de forma reiterada, con incumplimientos de las normas y de la Ley".
Por eso, IU va a "pedir que se cumpla" la legislación vigente, señalando también Sebastián Pérez el hecho de que en la concentración de apoyo a Trujillo y para defender el libre tránsito por los caminos públicos no haya participado ningún miembro del gobierno municipal de PP y Cs en la capital cordobesa, ni tampoco representante alguno de la Junta de Andalucía, con lo que no se sabe si "están involucrados en la defensa de los caminos públicos para la gente o en la defensa de aquellos que se apropian de lo público para su interés privado".
También la portavoz del Grupo Municipal de Podemos Córdoba, Cristina Pedrajas, ha considerado que es una "inmoralidad" que alguien tenga que estar pagando por reivindicar derechos de la ciudadanía, en este caso los caminos públicos de la Sierra de la capital. La representante de la formacón morada ha recordado que el día en que se produjo el hecho "estábamos allí más personas y todos podríamos estar denunciados aquí, pero es el Ayuntamiento como institución la que debería haber hecho frente a estas situaciones demasiado comunes". Es más, "si condenan a Manolo Trujillo, condenan a todos los cudadanos y ciudadanas".
Según Pedrajas, en el seno del gobierno local en esta materia se limitan a "buenas palabras y muchas reuniones que no llevan a nada". Es el caso de una reunión propiciada hace dos años por ella con Antonio Álvarez (Cs), concejal de Gestión, Mercados y Comercio, Sostenibilidad y Medio Ambiente e Infraestructuras, y en ella "prometió que iba a ver qué estaba pasando con el archivo, la catalogación e iba a agilizar los procesos, que siguen ahí aparcados".
Entre los que apoyaban al activista estaba Manuel Cuesta, de la empresa Senderos Córdoba, quien ha querido destacar la importancia que tiene para empresas como la suya de turismo de naturaleza el hecho de que los caminos no tengan vallas, especialmente después de la campaña 'Córdoba Natural' del Ayuntamiento para potenciar la Sierra, donde se puede hacer senderismo desde octubre hasta mayo.
Su negocio ha llevado a numerosos cordobeses y cordobesas a la Sierra, además de visitantes de otras provincias, que se han quedado asombrados ante situaciones como la actitud de algunos propietarios impidiéndoles pasar por un caminio. "En Navarra se da el caso contrario al nuestro, porque allí tienen conciencia clara de que hay zonas, como el Valle de Aézcoa, donde está la Selva de Irati, que son montes públicos y a nadie se le ocurre poner cierres".
