La delegación en Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha señalado en un estudio la "debilidad estructural" del sistema de protección social en la provincia y que "se ha puesto de manifiesto en períodos de crisis, como la vivida durante la pandemia".
Así lo ha destacado este jueves el delegado provincial de Apdha en Córdoba, Carlos Arce, en la presentación del informe, titulado 'Amurallamiento de los recursos sociales de la provincia de Córdoba por la pandemia del Covid-19', que ha contado con el apoyo del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación de Córdoba y se ha desarrollado a lo largo de los años 2021 y 2022.
Para ello se han llevado a cabo sendos trabajos de campo, en los que han participado 25 entidades públicas y privadas que prestan servicios sociales en la provincia, y más de 250 personas usuarias de dichos servicios, en la capital cordobesa y en diez municipios de menos de 20.000 habitantes.
Una de las conclusiones del estudio es que, "o se produce una apuesta real de revertir el deterioro de los servicios públicos básicos, dotándoles de unos recursos humanos y financieros adecuados y redefiniendo sus objetivos y prioridades, o su nuevo colapso ante la próxima situación de estrés social está servido".
Además, la investigación corrobora de nuevo que "los sectores sociales más vulnerables sufren con mucha más gravedad las consecuencias de cualquier situación de dificultad que atreviese la sociedad en general".
Por ejemplo, el 87 por ciento de las entidades señala el empeoramiento de las condiciones de las personas cuya principal fuente de ingresos es la economía sumergida. También consideran mayoritariamente que las personas sin hogar se han visto desamparadas o atendidas de forma ineficiente durante la pandemia (65 por ciento).
Por ello, a Apdha Córdoba le parece "imprescindible que la promoción e inclusión de los colectivos en situación de exclusión grave debe situarse a la cabeza de las prioridades de las políticas sociales públicas".
Otra de las conclusiones del estudio se refiere a que la digitalización acelerada de las relaciones entre administraciones y ciudadanía, incrementada en el contexto de la crisis sanitaria, consolida la "brecha digital, como una relevante barrera para el ejercicio normalizado de derechos básicos de la ciudadanía, cebándose con las personas en situación de exclusión".
Para Apdha, la implantación de las nuevas tecnologías en este ámbito debería ser "más progresiva, con medidas decididas de inclusión digital y dejando abiertos los canales analógicos hasta que esta última sea una realidad para toda la sociedad".
El informe también detalla que, con la llegada de la "nueva normalidad", el 97 por ciento de las personas responsables de las organizaciones entrevistadas afirman que "se han incrementado las dificultades de acceso a los recursos sociales públicos de la provincia, considerando el 89 por ciento que ello afecta especialmente a las personas más vulnerables".
Por último, en lo que se refiere a las dificultades económicas vinculadas a la pandemia, sobresalen la pérdida del empleo, con mayor relevancia en la capital (43 por ciento) y los problemas relacionados con las prestaciones sociales (casi el 50 por ciento), lo que se traduce en que apenas el 23 por ciento de las personas encuestadas de la capital las hayan percibido, aún cuando residen en barrios especialmente golpeados por la pobreza.
