La Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) responsabiliza a la administración penitenciaria de la muerte del preso José Lidia Márquez en la Prisión de Córdoba hace ahora dos años a manos de otro preso "extremadamente peligroso", con más de 40 sanciones, la inmensa mayoría por agresiones a internos y con una condena por asesinato a su ex pareja.
El coordinador general de APDH, Valentín Aguilar, señaló que el juicio con jurado que comenzará mañana es muy importante a nivel jurídico porque "estamos planteando que responsabilidad tiene la administración" que, recordó, tiene como fin primordial el velar por la seguridad, el control y la reinserción de las personas internas que tiene a su cargo.
La madre y una de las hermanas del preso fallecido también consideran a la administración culpable de la muerte de José L. Márquez y piden explicaciones sobre por qué se dejó a solas al fallecido con un preso tan peligroso cuando, además, ya hacía dos meses que la víctima debía haber sido trasladada de módulo porque, según la hermana, Janet Márquez, su hermano estaba condenado por un delito "leve", si bien llevaba nueve años en prisión.
Para la asociación, la Prisión no evitó la muerte de este interno "siendo su obligación", insistió Aguilar para quien instituciones penitenciarias sólo se preocupa de lo que le pase a sus funcionarios. "Si muere un funcionario, otro gallo contaría", dijo el responsable de APDH que llamó la atención sobre la falta de responsabilidades por esta muerte.
La asociación puso de manifiesto también las múltiples deficiencias que se sucedieron en la muerte de José Lidia Márquez. Así, Aguilar explicó que los presos con peligrosidad extrema deben ser objeto de control directo en todo momento, ya sea a través de seguimiento visual directo o por cámaras, pero la administración permitió que agresor y víctima estuvieran solos entre 10 y 15 minutos fuera de cualquier tipo de control. Aunque las imágenes debieron ser grabadas, la Administración informó que por un error humano no se pudo realizar. Además, la Inspección Penitenciaria constató tras la muerte que con los medios e infraestructuras existentes no era posible un control que evitara el fallecimiento.
De hecho, APDH advierte que con la instauración de la cadena perpetua la situación en este régimen especial se agravará. Cabe mencionar que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura recomienda a las autoridades españolas que aumenten sus esfuerzos para desarrollar un régimen con sentido para los internos que se encuentren en módulos especiales.
