INFORME 'LOS DERECHOS SOCIALES EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA'

APDH denuncia que más del 30 por ciento de los cordobeses son pobres

La organización humanitaria destaca que el 57,4 por ciento de los 1.242 desahucios producidos en los últimos tres años en la ciudad fueron por alquileres y no ya por hipotecas

APDH
photo_camera Rueda de prensa de APDH en Córdoba

Con motivo del día internacional de los Derechos Humanos 2016 la delegación de la APDHA en Córdoba ha presentado el informe 'Los derechos sociales en la ciudad de Córdoba', que ofrece una perspectiva de la exclusión en el acceso a los derechos de vivienda, trabajo, educación, sanidad y servicios sociales que sufre una parte importante de nuestra ciudadanía. Este informe surge a raíz de la constatación de que el 30,4% de los vecinos de Córdoba viven bajo el umbral de la pobreza y esta organización, a través de un comunicado, ha querido "demostrar que estar bajo este umbral representa unas condiciones de vida que constituyen un ataque directo a la dignidad de la persona; y que los poderes públicos, en teoría comprometidos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no son capaces de dar respuesta adecuada a situaciones límite en materia de Derechos Sociales".

Para la elaboración de este informe se ha realizado un trabajo de aprendizaje, escucha y diálogo a fin de hacer una radiografía de las vulneraciones de los Derechos Sociales que se detectan en la ciudad. Para ello, el  colectivo ha llevado a cabo un proceso de investigación participativa con los agentes clave de la ciudad en materia de derechos sociales: administración, sociedad civil y la población.

En materia de vivienda, APDHA ha constatado un proceso de degradación que determina que haya personas que, aunque posean una casa, "el esfuerzo que les supone mantenerla les deja en la pobreza". Cuando ese esfuerzo se hace insostenible aparece el trauma de la pérdida de la vivienda, activándose la protección de la familia, que en muchas ocasiones deriva en situaciones de hacinamiento con tres generaciones conviviendo un mismo espacio.

Viviendo en coches

Por contra, si la red familiar o social falla, la falta de vivienda empuja a familias enteras a contextos extremos, pernoctando en coches, locales, edificios abandonados o chabolas, sin condiciones de habitabilidad, o viéndose obligados a ocupar una vivienda con las consecuencias legales que pueda implicar. "Es destacable que la principal causa de desahucio (1.242 lanzamientos se han producido en la ciudad de Córdoba en últimos tres años) ya no es el impago del préstamo hipotecario: "los desahucios en alquileres se han impuesto, suponiendo el 57,4% de los desahucios del último año, frente al 39,2% con causa hipotecaria".

SAE Colón

El desempleo es una vulneración al Derecho al Trabajo que se ha generalizado en casi todas las capas sociales de la ciudad, con 42.584 vecinos y vecinas de la ciudad sin empleo, a pesar de que lo buscan activamente. El caso de las mujeres más jóvenes es dramático,  con una tasa de paro del 82% entre los 16 y 19 años. Es preocupante que esta situación de desempleo se haya cronificado para muchas personas, pues el 42% de los desempleados de Andalucía ya llevan más de dos años sin acceder a un empleo, lo que significa que también han perdido la protección contributiva al desempleo, quedando tan solo con exiguos subsidios en el mejor de los casos. Además, los empleos de la ciudad no son de calidad, con un 95% de contrataciones temporales y con un salario un 29,9% por debajo del salario español medio.

Más del 51% de la infancia cordobesa está en riesgo de pobreza o exclusión y el fracaso escolar alcanza el 33,6%

El 51,1% de los niños y niñas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Difícilmente estos menores partirán de una situación de igualdad de oportunidades comparativamente con otros que provengan de núcleos familiares con más ingresos. Existe consenso en que los problemas socioeconómicos afectan negativamente al rendimiento académico de los menores y se entiende que la tasa de fracaso escolar en la ciudad sea del 33,6% (siete puntos por encima de la media nacional) es una circunstancia directamente relacionada con esos altos niveles de pobreza infantil. "Tampoco el sistema educativo da respuesta a la diversidad social de nuestra ciudad, destacando en este ámbito la LOMCE como instrumento de creación de desigualdad e injusticia social para la infancia", explica el estudio.

En el informe se ha puesto de relieve cómo los condicionantes sociales inciden directamente en el derecho a la salud. Así, destaca que la mortalidad de los barrios con problemas de exclusión es superior al resto de la ciudad. Concretamente, en los barrios de Las Palmeras, Moreras, Sector Sur y Guadalquivir se concentran las tasas de mortalidad altas en la capital (más del 30 por mil), mientras que en el resto del municipio las tasas oscilan entre las bajas y la media española. Otro dato "escandaloso" en este sentido es que las personas sin hogar tienen una esperanza de vida de hasta de 23 años inferior que la media.

Incendio en Las Moreras

La salud mental es una de las grandes víctimas de  la exclusión social: la prevalencia de trastornos mentales en personas sin hogar es muy elevada (son diversas las cifras manejadas en este ámbito, pero puede oscilar entre el 40 y el 60%) y lo mismo podría decirse respecto a las personas que se encuentran en prisión (cinco veces superior al de la población en libertad). "La población en proceso de desahucio se ha convertido en un triste icono de los efectos de la crisis en nuestro país, lo que se refleja en su estabilidad emocional y mental: el 88,2% presenta un trastorno de ansiedad y el 91,2% niveles severos de depresión".

El 91,2% de la población en proceso de desahucio muestra niveles severos de depresión, y el 88,%, de trastorno de ansiedad

Además, en los últimos tiempos han emergido con fuerza la pobreza energética y la farmacéutica con graves efectos sobre la salud de los más vulnerables: 7.100 personas mueren al año prematuramente por no poder mantener sus hogares a temperatura adecuada y más del 20% de los hogares andaluces no compraron medicinas por cuestiones económicas en 2014. De cada 100 euros que paga cada habitante en impuestos en la comunidad autónoma de Andalucía, 14,77 se destinan al pago de la deuda pública y solo 11 van al gasto en Servicios Sociales.

"Que se pague más por habitante en deuda pública que en Servicios Sociales está conectado directamente con la reforma del artículo 135 de la Constitución, según la redacción actual la obligación de la sociedad es mayor para con los deudores que con los vecinos. "El reto de la emergencia social que vive la ciudad es demasiado grande como para poder asumirlo por un área competencial de Servicios Sociales demasiado burocratizada que se colapsa tratando de repartir pocos recursos entre muchas necesidades", explica APDH.

Como conclusión final del trabajo realizado se ha llegado al convencimiento de que el reto de la inclusión social demanda conjunta y simultáneamente un acceso efectivo a los derechos de vivienda, salud, educación, servicios sociales y empleo. Son dimensiones interconectadas, la debilidad de una pone en riesgo a las demás y dispara el riesgo de exclusión. A lo largo de este informe se ha constatado los devastadores efectos de que los derechos sociales hayan sido los grandes relegados con la crisis social y económica, y desde la APDHA están convencidos de que su vigencia efectiva y la erradicación de la exclusión son y siempre serán decisiones políticas.

El documento completo está disponible en: http://www.apdha.org/media/cordoba-informe-derechos-sociales-2016.pdf