La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha asegurado que la decisión del titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Córdoba de suspender cautelarmente el acuerdo de la Junta de Gobierno sobre lo que se pueden considerar servicios esenciales en el Ayuntamiento para poder hacer contratos temporales o interinos, es "un atentado grave a la capacidad que debe tener un ayuntamiento de poder dotarse de la plantilla suficiente en los servicios que presta al ciudadano".
En este sentido, Ambrosio ha señalado que se trata de un nuevo obstáculo por parte del Gobierno de España y del PP tanto a la autonomía como a la responsabilidad que tienen los diferentes consistorios para dotar de personal aquellos servicios que cuentan con un déficit mayor de personal y que "nos impide dar el servicio que se debiera a la ciudadanía". Especialmente, en un Ayuntamiento como el de Córdoba, que a fecha actual cuenta con presupuesto y liquidez.
En esta misma línea, la regidora socialista ha definido como "incomprensible" esta situación en el Consistorio cordobés, cuando "no se ha hecho con otras instituciones y ayuntamientos", a la vez que ha añadido que ahora, con un nuevo gobierno en España, hay que "exigir una mayor sensibilidad a la situación que están atravesando los vecinos y las vecinas y ofrecer a los ayuntamiento una capacidad mayor de autonomía para dotarse, como mínimo, cuando tengan liquidez suficiente y las cuentas acompañen de ese personal que necesitamos para cubrir los servicios".
Financiación limitada
En este sentido, Ambrosio ha asegurado que "si estamos coartando la financiación en cuanto a los recursos que necesitan los ayuntamientos para prestar los servicios y también estamos coartando y metiendo el tijeretazo en la capacidad para contratar a personal para poder llevar a cabo sus servicios, lo que estamos consiguiendo son ayuntamientos de segunda, que no formen parte de ese Estado Nacional".
Por otro lado, la alcaldesa ha apostado por estudiar la posibilidad de recurrir la sentencia en los tribunales, aunque ha asegurado que "esto va más allá de de la batalla judicial, sino que es un asunto político con una carga de profundidad que demuestra que el Gobierno y el PP no cree en los ayuntamientos".
Algo similar ha planteado, por su parte, el primer teniente de alcalde, Pedro García (IU), quien, tras asegurar que las "decisiones judiciales hay que respetarlas y acatarlas y al respecto tenemos poco margen de maniobra", sí ha adelantado que "nos vamos a oponer con todas nuestras armas políticas y jurídicas" al "proceso de privatización que desde hace años se ha iniciado en este país".
Proceso de privatización
En opinión de García, ya con el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero se dieron los primeros pasos en el proceso legislativo hacia modificación del artículo 135 y todo lo referente a la tasa de reposición (sustituciones en las bajas laborales), pero ha sido con el Gobierno posterior de Mariano Rajoy, "que es muy de derechas y hace ese tipo de interpretaciones de una ley", cuando el proceso de privatización a nivel nacional cobra su verdadero sentido. ¿Cómo? Muy sencillo: "si desde lo público no nos dejan contratar para dar un servicio necesario para el ciudadano y por tanto ineludible, la obligatoriedad de esos servicios lleva obligatoriamente a la privatización". A eso es a lo que se van a oponer a nivel jurídico, según García.
"Es una estrategia muy bien planteada desde los grandes poderes económicos en nuestro país para acabar con lo público y devorarlo y seguir en el proceso de privatización iniciado hace muchos años", ha puntualizado.
Algo que también se hará directamente desde Sadeco, la empresa que él preside, ya que "aunque no se vea muy directamente afectada, también lo va a estar por la tasa de reposición, y lo haremos también desde un punto de vista jurídico".
