El responsable de Vivienda y Derechos Básicos de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara de Córdoba, Rafael Carmona, y el delegado en Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), Carlos Arce, han criticado este lunes los desahucios que, "por vía penal", está promoviendo la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), a la par que la "ausencia de una política de vivienda social de la Junta de Andalucía".
Así lo han señalado, junto a varios activistas de Stop Desahucios y ante un edificio en la Plaza de la Corredera, que es responsabilidad de AVRA y que, según han lamentado, "lleva más de cinco años terminado, con diez viviendas, que es cierto que no resuelven el problema, pero paliaría la situación de diez familias", lo que les ha llevado a hacer una "llamada a la reflexión a los responsables de la Junta" en Córdoba.
Entre tanto, según han afirmado Carmona y Arce, AVRA insta los citados desahucios de quienes ocupan sus viviendas sociales, cuando, "desde hace varios años, los colectivos sociales cordobeses le están reclamando por escrito a AVRA que paralice las denuncias por vía penal a las familias que ocupan sus viviendas y locales ante la falta de una alternativa habitacional", exigiéndole "que antes de iniciar cualquier proceso busquen una alternativa a la situación tan grave de estas familias".
Por eso, solicitaron a AVRA "una reunión en mayo del presente año, para tratar el tema", pero no han obtenido respuesta, "mientras sigue aumentando el número de familias que no pueden pagar alquileres de viviendas por la situación de paro que tienen, y se ven obligadas a ocupar viviendas".
A juicio de Carmona y Arce, la Junta de Andalucía "no puede vulnerar los derechos de menores de edad, con lanzamientos y desahucios, sin haberse preocupado de buscarle una alternativa habitacional", añadiendo que "no es comprensible que la administración responsable de la vivienda en Andalucía se dedique a castigar, todavía más, a las familias vulnerables con procesos penales".
A esto se suma el que "venimos asistiendo a una descoordinación de las administraciones públicas con responsabilidad en este tema, especialmente por parte de la Junta de Andalucía, cuya empresa pública de vivienda AVRA demuestra una falta de sensibilidad extraordinaria".
Por eso, según han concluido Arce y Carmona, "es necesario que, cuanto antes, nos sentemos la administración pública y las organizaciones sociales para abordar la situación extrema que viven muchas familias en Córdoba".
Arce ha señalado que, además, desde APDH-A se han realizado cinco preguntas al Gobierno andaluz, a través del Grupo Parlamentario IULV-CA, "y la respuesta una vez más nos ha defraudado, porque mienten y intentan confundir con sus respuestas".
Esta es la razón por la que ahora APDH-A presentará a los grupos parlamentarios una proposición no de Ley (PNL), para que insten al Ejecutivo andaluz a "una paralización inmediata de los desahucios por vía penal de su parque público de vivienda social y para que se ponga en marcha, de una vez, una política social de vivienda en Andalucía digna de ese nombre".
