La sociedad estatal Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) ha decidido recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la sentencia del Contencioso-Administrativo número 4 de Córdoba que eximía al Ayuntamiento de tener que abonar 20 millones de euros (7,4 millones más intereses de demora) por las expropiaciones de terrenos para la ampliación de la pista del Aeropuerto cordobés.
Así lo han dado a conocer esta mañana el portavoz del Grupo Municipal Popular, Miguel Ángel Torrico, y el concejal de Urbanismo, Salvador Fuentes (PP), quienes han calificado esta situación de "auténtico despropósito" y de "decepción enorme".
Y es que el alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), cuando dio a conocer la sentencia favorable al Consistorio del juzgado cordobés el pasado 16 de marzo solicitó abiertamente a AENA y al Gobierno central que no recurrieran en contra de los intereses del pueblo cordobés, pero no ha sido el caso.
En este punto, Fuentes y Torrico han recordado que el propio parlamentario nacional socialista por Córdoba Antonio Hurtado expuso a las claras que resultaba "inaudito" que un ayuntamiento tuviera que asumir el gasto de una expropiación para una infraestructura de carácter estatal, por lo que llegó a abogar en el Parlamento por que el Gobierno no recurriera la sentencia. "Y nosotros estamos por completo de acuerdo con las palabras de Antonio Hurtado", han indicado.
En este sentido, Fuentes ha vuelto a pedir que tanto AENA como el Ejecutivo central "desistan" de ese recurso, y también van a llevar una moción en ese sentido al próximo Pleno ordinario "para que los grupos se posicionen al respecto y le solicitemos al unísono que se olviden de ese recurso tan pernicioso y perjudicial para las arcas municipales".
Fuentes ha recordado que esas expropiaciones llevadas a cabo por AENA nacieron de un protocolo de intenciones firmado entre la entonces alcaldesa Rosa Aguilar, cuando aún formaba parte de IU, y la que ostentaba el cargo de ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. Un protocolo "que nunca se llegó a desarrollar", por lo que carece de validez y de fuerza obligatoria.
Pero es que si incluso tuviera validez, "que no es el caso, insisto", se incumplió por completo, porque "los mecanismos de control, es de ir la creación de una comisión mixta, no se aplicaron al no crearse", por no hablar de que la Comisión Provincial de Valores consideró que esas expropiaciones "se estaban pagando a precio de oro".
"Ese protocolo jamás se debió haber firmado, y ahora se trata de un problema de ciudad que los tribunales han resuelto a favor de la ciudad y lo que pretenden, de forma incomprensible, es dar una nueva vuelca de tuerca a este despropósito", ha incidido Fuentes.
Además, y debido a esa supuesta deuda, "que nosotros nunca reconocimos", en los Presupuestos se han estado destinando anualmente 7,4 millones de euros por si hubiera que hacer frente a ese gasto, y en caso de que AENA y el Gobierno central desistieran en su empeño "ese dinero podría liberarse para poder realizar numerosas actuaciones, entre ellas mejoras en los centros educativos, que las están pidiendo a gritos", ha puntualizado el concejal de Urbanismo.
Y si 7,4 millones de euros ya supondrían un agujero de consideración en la economía local cordobesa, tener que pagar los intereses de demora acumulados y que suman 20 millones, sería una "auténtica catástrofe para esta ciudad".
Por el momento, se desconoce la justificación por la que AENA ha optado por recurrir. "No tenemos el texto, sólo constancia este fin de semana pasado de que iban a recurrir", han añadido.
