No todo el mundo está tan satisfecho en Córdoba con el Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía, más conocido como Decreto de Parcelaciones, que ayer mismo salió publicado en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA). Es más, tanto desde el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba, presidido por Juan Andrés de Gracia, como la Coordinadora Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU), que lidera el cordobés Francisco León, se considera que la cifra de viviendas beneficiadas realmente por esta nueva normativa en Córdoba van a ser muy pocos. "Unas 100 0 120" y en un proceso que empezará a funcionar en "un año o dos", se ha atrevido a aventurar De Gracia.
Ambos creen que se trata de un decreto, forzado desde las países miembros de la UE que tienen súbditos ya viviendo aquí en su última fase de la vida (alemanes e ingleses, sobre todo), especialmente en Chiclana, el Valle del Almanzora, en la Axerquía almeriense, y en Málaga, y a los que se les facilita que sus viviendas, ahora ilegales, puedan ser incluso motivo de herencia. "Pero para Córdoba poco beneficio va a tener", según el presidente del CMC.
"Con ellos se ha reunido la consejera (Marifrán Carazo Villalonga), mientras que aquí, donde tenemos una auténtica necesidad y representando como hago a una Federación amplia de afectados en toda Andalucía, vino el viceconsejero y el director general, estuvo diez minutos y se llevó algo de documentos", se ha lamentado Francisco León, quien reclama y exige hablar directamente con la máxima responsable de la Consejería, "si quiere ella totalmente rodeada de sus técnicos", para sentarse y entre todos "depurar defectos y hacer de esta normativa algo realmente útil, que acabe con esta situación de una vez por todas".
Eso no significa que en la capital y en la provincia no se vayan a acoger "muchas" al decreto. De hecho, no sería descabellado hablar de las 11.000 aludidas por el alcalde, José María Bellido (PP), en la entrevista a este periódico. Pero si eso es así, ¿dónde está la merma?
Tras una primera lectura del decreto, "la norma no da respuesta a Córdoba ni aporta novedad alguna respecto a lo que ya dijo el PGOU cordobés en su día". El decreto, además, habla de elaborar planes especiales, "cuando el Plan General de Córdoba habla de planes generales para una parte importante de parcelas que tienden a la regularización". De Gracia ha advertido ya de antemano que los planes especiales hacen referencia a los AFO (Asimilado Fuera de Ordenación), y ésos "aquí han demostrado ser ineficientes a 20 años vista, con procesos que a día de hoy y desde entonces aún no han terminado". La experiencia cordobesa así lo indica, al menos, con lo que volver a aplicar las mismas fórmulas "nos hace dudar que vaya ahora a salir bien".
Además, tanto el Consejo del Movimiento Ciudadano como CALU recuerdan que hay una serie de viviendas que se quedan fuera de cualquier normativa, como son las viviendas que están en zona de especial protección ("una figura que se creó de forma demasiado alegre, en nuestra opinión") y que estaban ya encaminadas a su normalización tanto en 2014, mediante normativa que redactó en su día Luis Valdelomar, actual gerente de la Gerencia de Urbanismo, como en 2016, cuando se optó de forma unánime por recuperar el acuerdo de innovación del PGOU en la periferia para incorporar y reconocer que ya no hay suelos de especial protección, "porque está de verdad y de forma efectiva ocupado".
Son unos 40 asentamientos, donde viven miles de personas, así como 30 grupos de edificaciones aisladas, algunos de los cuales cuentan con hasta 200 casas. Si se les facilita el acceso a luz y agua, se evitarían los usos de pozos naturales, que están ya bastante secos por culpa de la sequía, además de que residuos alcancen el subsuelo.
Para Francisco León este Decreto es un "chantaje generalizado" porque obliga a acogerse a AFO y punto. "Lo que nosotros necesitamos es que tengamos los mismos derechos que los demás y que en caso de que me ocurra una desgracia en mi casa me lo cubra el seguro y que se pueda hacer transacciones con la vivienda o que forme parte de una herencia". Y eso es el verdadero problema de las parcelaciones que hay que resolver.
Por su parte, desde la Federación Córdoba Extrarradio, que preside Rafael Salazar, se mira con mucho optimismo la normativa, que según sus cálculos beneficiará a unas 40.000 viviendas (350.000 en toda Andalucía), donde residen entre 15.000 y 25.000 familias. "Se ha desbloqueado una situación que hace dos o tres años pensábamos que no iba a ser posible", ha señalado el portavoz de este colectivo, quien ha mostrado su deseo de que ahora se desarrolle con inteligencia en Córdoba.
La norma deja fuera, eso sí, al 3 o al 4% de las parcelaciones que están en la Sierra, de especial protección ambiental; en asentamientos en zona inundaba, junto al Guadalquivir, o de especial protección cultural, junto a Medina Azahara.
Pero para Salazar va a reactivar la economía de Córdoba, especialmente en sectores como la construcción, la fontanería y la electricidad, porque se van a tener que acometer, con inversiones propias, muchas acometidas de luz y agua que ahora no hay y por las que se pagan impuestos en muchos casos. "Nosotros pagamos el IBI como de urbana no de rústica y en algunos casos se paga el servicio de recogida de basura que es muy escaso por estas zonas".
Tan satisfechos están en la esa Federación que han optado transformar las movilizaciones que tenían anunciada para el siguiente trimestre en "colaboración absoluta con el Ayuntamiento".
