Segundo día del juicio al empresario cordobés Rafael Gómez, acusado de fraude al Estado por unos 60 millones de euros, en el que los administradores fiscal y contable de su entramado empresarial han asegurado que la familia no estaba al corriente de sus responsabilidades tributarias y que las cuentas de la empresa las validaban auditorías externas, Ernst & Young y Moral y Silos S.L., durante el periodos que está siendo judicializado.
En esta segunda sesión del Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba, el responsable de la contabilidad de las empresas durante el periodo que se investiga, desde 2003 hasta 2006, ha negado haber recibido instrucciones de la familia Gómez sobre asuntos tributarios calificando las auditorías que realizaban consultoras externas como "limpias", porque "en el departamento se hacía lo que nos recomendaban los auditores".
Es más, el encargado de todas las cuentas del grupo societario, que adeuda al Fisco hasta 58 millones de euros por impagos en el Impuesto de Sociedades y en el IRPF de toda la familia, ha aseverado que "enviábamos a Hacienda todos los informes que nos pedían para verificar la contabilidad".
Responsabilidad externa
Su responsable superior, que lleva desde el año 1994, cuando Gómez solo se dedicaba a la joyería, y que le une con la familia una relación de amistad como así ha declarado al juez él mismo, ha corroborado la externalización de las responsabilidades tributarias a auditores ajenos a la empresa que se contrataban.
Lo que sí ha resaltado es que debido a la condena por cohecho de Rafael Gómez que le impuso pagar 150.000 euros por el llamado 'Caso Malaya', el grupo atravesó "dificultades financieras" y llegó a deber a los bancos hasta 2.000 millones de euros, "lo que supuso que los auditores autorizaran el aprovisionamiento de existencias" para hacer frente a las deudas del grupo.
En su testifical, ha resultado destacable que el responsable financiero, al ser preguntado por parte del fiscal sobre si daban cuenta a la familia Gómez de las cantidades a pagar anualmente, así como de los beneficios del grupo, éste ha contestado que "si estaban por allí, sí se les comentaba", pero que ni Gómez, ni su mujer, ni sus cuatro hijos "preguntaban específicamente ni por el Impuesto de Patrimonio ni por la cuantía que debían pagar del IRPF".
Papel de las auditoras
Por su parte, dos empleados de la auditoría Moral y Silos S.L que trabajaron para las empresas durante los ejercicios de 2003 y 2005 han asegurado no haber tenido problemas para realizar sus informes contables de la empresa solicitando siempre al departamento de administración de Arenal 2000 los informes necesarios. Los cinco trabajadores de la auditoría Ernst & Young testigos han declarado que emitieron un "informe denegado" del ejercicio contable del año 2006 por falta de documentación debido al "proceso complejo" por el que atravesaba el grupo por su implicación en la operación de corrupción urbanística de la Costa del Sol en el que estaba envuelto.
El asesor de las empresas y de la familia en materia tributaria, que llevaba trabajando 30 años con ellos, sí que ha referido que no pudo presentar la declaración patrimonial de los acusados, "porque no me lo permitió el programa informático con los datos que tenía", pero no ha alegado ninguna irregularidad tributaria de la familia. En este sentido, otro de los asesores fiscales que trabajaba con Gómez y que "lo conocía desde niño", ha indicado que, a pesar de la estrecha relación que le unía a la familia, "en ningún momento me indicaron que hiciera lo posible por no tributar, ni yo tampoco lo hubiera permitido".
El Ministerio Fiscal pide para Gómez 44 años de cárcel por considerarlo responsable de hasta 11 delitos contra la Hacienda Pública y para cada uno de los cuatro hijos, un total 22 años de cárcel por participar en hasta ocho delitos económicos, todo lo cual, habría contribuido a la evasión de 58 millones de euros, el mayor delito económico investigado en Córdoba hasta la fecha.
