La parlamentaria de Adelante Andalucía, Luzmarina Dorado, ha denunciado prácticas abusivas en las cláusulas y disposiciones exigidas por las entidades financieras para permitir el acceso a las ayudas desbloqueadas por el Gobierno estatal a fin de paliar el impacto negativo de la crisis sobre autónomos, pymes y, en definitiva, personas afectadas por la pandemia de Covid-19 y ha exigido al Ejecutivo andaluz que "haga valer sus competencias, controle este tipo de injerencias y aplique sanciones que impidan que los bancos vuelvan a beneficiarse ilegalmente a costa de los colectivos más necesitados".
En este sentido, Dorado ha alertado de la situación de vulnerabilidad de pymes y autónomos como consecuencia de la emergencia sanitaria, el estado de alarma y el cese de actividad de servicios no esenciales, circunstancias que han acentuado la asimetría con respecto a la banca y su posición de inferioridad a la hora de "negociar y solicitar préstamos, ya que son las oficinas bancarias quienes deben tramitar el acceso a las ayudas públicas".
Así, ha explicado la parlamentaria, entre las prácticas irregulares se encuentran la especulación de con la moratoria de las hipotecas a través de préstamos personales a ciudadanos que no tienen acceso a las ayudas públicas, la obligación de contratar seguros de vida con las entidades para poder acceder a los fondos del Instituto de Crédito Oficial, el aumento de los tipos de interés previamente fijados por el Gobierno central o la necesidad de acreditación de la solvencia hasta el 100% del préstamo.
Contratación de un seguro obligatorio
"Nos encontramos con casos en los que la banca obliga a la contratación de un seguro de vida con la aseguradora de la entidad como premisa obligatoria para poder acceder a un préstamo ICO. Además, sabemos que hay usuarios que están teniendo problemas para obtener el préstamo por los exhaustivos análisis de solvencia y riesgo, exigiéndoles garantías por prácticamente la totalidad del préstamo cuando, gracias al aval del Gobierno central, el banco solo responde de tramos del crédito que van del 20% al 40%".
En consecuencia, Dorado ha recordado que el Ejecutivo andaluz cuenta con las herramientas jurídicas necesarias para poder actuar contra este tipo de abusos. "Exigimos al Gobierno que haga efectivas sus competencias, intervenga de urgencia para evitar que los bancos hagan negocio con la necesidad de la gente y aplique la Ley de 13/2003 sobre Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, que regula la introducción de cláusulas abusivas en contratos, contratos tipo o condiciones de contratación".
Finalmente, desde Adelante Andalucía han instado al presidente Juan Manuel Moreno "a defender los intereses de los andaluces para evitar que la banca se lucre de la necesidad de una ciudadanía que se esfuerza cada día por hacer frente a una pandemia mundial sin precedentes”. Por eso, Dorado ha pedido que “se ponga en el centro a las personas y se incremente el número de inspecciones y solicitudes de información para proteger a la población que no puede pagar la hipoteca o que ve peligrar la viabilidad de su pequeño negocio".La parlamentaria de Adelante Andalucía, Luzmarina Dorado, ha denunciado prácticas abusivas en las cláusulas y disposiciones exigidas por las entidades financieras para permitir el acceso a las ayudas desbloqueadas por el Gobierno estatal a fin de paliar el impacto negativo de la crisis sobre autónomos, pymes y, en definitiva, personas afectadas por la pandemia de Covid-19 y ha exigido al Ejecutivo andaluz que "haga valer sus competencias, controle este tipo de injerencias y aplique sanciones que impidan que los bancos vuelvan a beneficiarse ilegalmente a costa de los colectivos más necesitados".
En este sentido, Dorado ha alertado de la situación de vulnerabilidad de pymes y autónomos como consecuencia de la emergencia sanitaria, el estado de alarma y el cese de actividad de servicios no esenciales, circunstancias que han acentuado la asimetría con respecto a la banca y su posición de inferioridad a la hora de "negociar y solicitar préstamos, ya que son las oficinas bancarias quienes deben tramitar el acceso a las ayudas públicas".
Así, ha explicado la parlamentaria, entre las prácticas irregulares se encuentran la especulación de con la moratoria de las hipotecas a través de préstamos personales a ciudadanos que no tienen acceso a las ayudas públicas, la obligación de contratar seguros de vida con las entidades para poder acceder a los fondos del Instituto de Crédito Oficial, el aumento de los tipos de interés previamente fijados por el Gobierno central o la necesidad de acreditación de la solvencia hasta el 100% del préstamo.
"Nos encontramos con casos en los que la banca obliga a la contratación de un seguro de vida con la aseguradora de la entidad como premisa obligatoria para poder acceder a un préstamo ICO. Además, sabemos que hay usuarios que están teniendo problemas para obtener el préstamo por los exhaustivos análisis de solvencia y riesgo, exigiéndoles garantías por prácticamente la totalidad del préstamo cuando, gracias al aval del Gobierno central, el banco solo responde de tramos del crédito que van del 20% al 40%".
En consecuencia, Dorado ha recordado que el Ejecutivo andaluz cuenta con las herramientas jurídicas necesarias para poder actuar contra este tipo de abusos. "Exigimos al Gobierno que haga efectivas sus competencias, intervenga de urgencia para evitar que los bancos hagan negocio con la necesidad de la gente y aplique la Ley de 13/2003 sobre Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, que regula la introducción de cláusulas abusivas en contratos, contratos tipo o condiciones de contratación".
Finalmente, desde Adelante Andalucía han instado al presidente Juan Manuel Moreno "a defender los intereses de los andaluces para evitar que la banca se lucre de la necesidad de una ciudadanía que se esfuerza cada día por hacer frente a una pandemia mundial sin precedentes”. Por eso, Dorado ha pedido que “se ponga en el centro a las personas y se incremente el número de inspecciones y solicitudes de información para proteger a la población que no puede pagar la hipoteca o que ve peligrar la viabilidad de su pequeño negocio".
