Desde Adelante Andalucía han vuelto a subrayar que el Sistema de Protección Social cumple una función esencial y que ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento “pueden continuar desoyendo el criterio de los profesionales”, porque “son ellos quienes están en primera línea y conocen en profundidad la realidad de los barrios y las necesidades a las que tienen que hacer frente las familias más necesitadas”.
En este sentido, Dorado ha afeado que “los trabajadores de los Servicios Sociales de Córdoba se hayan visto obligados a manifestar públicamente su inquietud ante la falta de recursos humanos y materiales para ejercer con solvencia la labor de intervención y asistencia social”. Si el personal técnico no cuenta con el respaldo y los recursos necesarios para poder hacer su trabajo, ha señalado, “el perjuicio recaerá sobre la ciudadanía cordobesa y, fundamentalmente, sobre los barrios más deprimidos, acentuando las consecuencias de este terrible drama social y económico”.
Además, Dorado ha expresado su preocupación por la dificultad de cada vez más hogares para acceder a un recurso como la alimentación y el duro golpe que esto supone para colectivos como la infancia. “Garantizar la alimentación de los menores debe ser una prioridad. Que en pleno 2020 haya niños y niñas andaluces que no reciben tres comidas al día es particularmente grave. Cada día hay cientos de familias cordobesas que se ven obligadas a pedir alimentos”.
Por eso, la parlamentaria ha vuelto a recordar a la Junta la necesidad de implantar “un Plan de Garantía Alimentaria en colaboración con los ayuntamientos que llegue a todos los hogares que lo necesiten y proteja a quienes han perdido sus ingresos y, en muchos casos, no reciben prestación por desempleo u otras ayudas”. Además, ha insistido en que “podría ejecutarse en un plazo breve de tiempo, ya que los Servicios Sociales municipales conocen la realidad de sus zonas de actuación y las necesidades de las familias que en el último mes han venido demandando atención y ayuda”.
En suma, Dorado ha exigido al Gobierno andaluz “que asuma su responsabilidad, deje de improvisar, desbloquee el colapso administrativo que impide el cobro de las prestaciones y movilice recursos extraordinarios para cubrir servicios básicos y ayudas tan necesarias como la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, para la que es imprescindibleun refuerzo de personal que permita agilizar los trámites y poner al día el retraso acumulado,o las ayudas al alquiler”.
