Desde la Asociación Cordobesa para la Inserción Social de Gitanos Rumanos, Acisgru, en una carta remitida a la delegada de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador (PP), se ha lanzado una queja de que desde que se restableció la 'seminormalidad', tras la supresión del Estado de Alarma, "han comenzado a llover demandas de desahucio, que estaban dormidas, contra las familias romaníes".
Según este colectivo, da la sensación de que la vuelta a la normalidad significa el retorno a las "formas más radicales de exclusión habitacional, santificada judicialmente en forma de sentencias". Y en este sentido se refirieren a las familias que han estado ocupando durante bastantes años naves industriales deterioradas y abandonadas y que, "de repente y de forma acumulativa" han recibido demandas de desalojo y ejecuciones en cadena.
"Sin pretender encontrar explicaciones conspiranoicas", añade la misiva, ha ocurrido como si "una mano invisible" tratara de alejar a las familias de los lugares próximos a las barriadas populares, recluyéndolas en los asentamientos chabolistas, a la espera, quizá, de mejores tiempos para su desaparición voluntaria o forzosa.
"Y nos han venido seguidamente a la cabeza declaraciones a los medios de algunos políticos locales, allá por el año 2018, cuando reiteradamente se quejaban de la existencia de los asentamientos en las naves de Sor Ángela de la Cruz en Chinales", en las que se hablaba de "por estar frente a un colegio y por crear inseguridad entre los vecinos".
Acisgru reconoce que los asentamientos de Chinales están muy cerca de los espacios urbanizados hasta el punto de que los menores son alumnos de los mismos colegios y comparten pupitres con los niños españoles, lo cual no debería ser motivo de preocupación, sino de regocijo, por constituir el objetivo de una verdadera integración. "La idea de que estos asentamientos creen inseguridad entre los vecinos es algo prejuiciosa y preferimos no comentarla".
La realidad es que en apenas tres o cuatro meses diez o doce familias han sido desalojadas o lo serán de espacios similares (asentamiento de Paco Natera, Sor Ángela de la Cruz, Calmante Vitaminado y Tecnomotor). "Sabemos dónde vivimos, somos conscientes de que la ciudad es prioritariamente un espacio para el lucro y los negocios, no ignoramos que la Administración de Justicia sostiene de modo preferente este modelo de ciudad y aparta con los mecanismos de la ley a los que interfieren en él", indican.
"Pero también sabemos que la Administración local en su ámbito social no busca sofocar a los pobres y excluidos, sino que tiene interés en crear pequeños espacios de alivio para sostener mínimamente su sobrevivencia. Y es por esto por lo que ponemos en sus manos estos hechos para su conocimiento, con la esperanza de que pueda encontrar algún remedio para la situación", añade la misiva.
En esa misma carta Acisgru señala que "es casi seguro que a lo largo del mes de julio cuatro familias romaníes, compuestas por cinco menores, una mujer a punto de parir y dos adultos con la movilidad reducida se encontrarán completamente a la intemperie. Esto mismo ocurrirá más adelante con otras tantas familias que ocupan en estos momentos las naves de Tecnomotor".
Según este colectivo, "sabemos que las normas y principios que invocan los derechos humanos más básicos señalan que ningún desalojo puede hacerse sin alternativa habitacional, pero desgraciadamente también sabemos que esta invocación es solo una fórmula", y en ese sentido, "solicitamos que se arbitre alguna alternativa habitacional real y no meramente formal para las familias más vulnerables, de modo que vayamos caminando todos juntos en el progresivo respeto material a los derechos humanos, más allá de su invocación retórica".
