Un brigada de Infantería Acorazada Mecanizada, especialista en carros de combate, descubrió que la vida castrense estaba bien, pero que impartir justicia era su verdadera vocación. Miguel Ángel Pareja (Mestanza, Ciudad Real, 1963) cuando ha ejercicio 18 años como militar y los mismos como juez, ahora en el Penal número 3 de Córdoba, hace balance hablando sobre la profesión, sin valorar casos concretos que se instruyen en los órganos judiciales del partido del que es decano -por la elección de sus propios compañeros- desde 2016.
Investigación sobre los cursos de formación de un exdirigente socialista cordobés o la instrucción de las supuestas mordidas de fondos para parados de una fundación afín también al PSOE son algunos de los asuntos que sus colegas tramitan en sus respectivos juzgados con "profesionalidad". Por ello, sin entrar en pormenores dice: "que los cordobeses estén tranquilos, porque los jueces están garantizando los derechos de los investigados y de la sociedad en general y las investigaciones van a llegar a buen puerto".
En este sentido, ante la politización de la justicia es tajante: "En Córdoba, ni está politizada la justicia ni en principio está judicializada la política", pues, "cuando hablamos de personas con cargos políticos, los ciudadanos no deben pensar que judicializamos la vida política, pues ésta se rige por sus propias reglas; los jueces judicializamos a presuntos delincuentes, no a políticos".
Doctor en Derecho con su tesis sobre el derecho autonómico del Poder Judicial y las comunidades autónomas, al magistrado le queda tiempo para escribir incluso artículos científicos en revistas especializadas, dedicarse a sus responsabilidades como juez decano, llevar con buen ritmo las sentencias de su juzgado, todo ello, arañándole horas a la familia y amigos.
"El juez, esté donde esté, tiene que ser imparcial y tiene que ser una persona apartada de la política"
La jueza María Núñez Bolaños archivó cuatro piezas de investigación sobre presuntas irregularidades en las ayudas para cursos de formación recibidas por una empresa del exvicesecretario general del PSOE andaluz Rafael Velasco, que dimitió a raíz de la apertura de esta investigación pero se inhibió en otras nueve sobre ayudas concedidas por la delegación del SAE en Córdoba. Diligencias que lleva el magistrado Rodríguez Laín, que investiga sobre ayudas para formación a la cordobesa FAASA Aeronáutica. ¿Se acabará librando al ser un exalto cargo del PSOE por aquello de la politización de la justicia o la judicialización de la política?
En lo que yo conozco, 18 años de ejercicio profesional, la justicia no está politizada en absoluto. A veces, se transmite lo contrario, pero no es bueno ni que se politice la justicia ni que se judicialice la vida política. Y le digo más, en Córdoba, ni está politizada la justicia ni en principio está judicializada la política. El juez, esté donde esté, tiene que ser imparcial y tiene que ser una persona apartada de la política. En el siglo XIX por Montero Rey en la exposición de motivos de la Ley Provisional del Poder Judicial en 1880 ya se decía que "flaco favor se le hacía a la justicia si el magistrado se introducía en política", de tal manera que por mucho que a la entrada del juzgado se quitara su vestidura política, nunca sería creído por aquella persona que fuese a demandar justicia contra otra del mismo bando político con el que hubiese ejercido magistrado.
Pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), nada más que por su elección, está politizado en esencia; es el Congreso de los Diputados y el Senado quien eligen a los vocales.
El CGPG, el órgano de gobierno de los jueces cuyos principios generales se establecen en la Constitución. El Tribunal Constitucional ha vencido en su elección. Podemos pensar que podría elegirse de otra manera; pero los 20 vocales del CGPJ son elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado, lo que ocurre es que se transmite la sensación de que votan a favor de aquella línea ideológica y de actuación del partido que lo ha elegido. Pero personalmente, creo que va en función de la persona. Porque cada vocal es independiente, son elegidos con todas las garantías. En general, actúan de la forma que mejor consideran para garantizar una buena justicia social. Lo que ocurre es que en alguna votación de algún cargo relevante se formen bloques y sí que se trasmite una sensación de politización.
Que no deja de ser la aplicación de la ley, de una manera concreta en su interpretación.
El Tribunal Constitucional (TC) marca que el hecho de que el Parlamento elija a los 20 vocales no es contrario a la Constitución, pero hay otra forma de elección que se adecúa más a lo que es el espíritu y la voluntad de los constituyentes. Ellos pretendían que los 12 vocales de procedencia judicial fuesen elegidos democráticamente por los jueces y magistrados. Pero no es inconstitucional que los elija el Parlamento. Lo que ocurre es que esa elección es la que propicia la transmisión de la politización del órgano de gobierno de los jueces. Frente a eso, se podía proponer como alternativa, aunque también se podría ver como corporativismo judicial, si los propios jueces eligieran a los vocales del CGPJ.
Para eso existe el mecanismo de la elección democrática libre, democrática y secreta de los vocales. Seis jueces son elegidos por el Congreso; otros seis, por el Senado y el resto de juristas de reconocido prestigio, los elige cuatro cada cámara. Sobre los vocales judiciales lo que ocurre es que el Congreso y el Senado eligen de entre una lista cerrada que les proponen las asociaciones judiciales.
¿Desatascará el colapso judicial el nuevo magistrado del juzgado de Primera Instancia número 9 bis al dedicarse a los casos motivados por las cláusulas suelo de las hipotecas y otros asuntos relacionados?
Claro que sí. Hasta ahora, teníamos una magistrada a tiempo parcial que ha cumplido con su función más allá de lo que le era exigible. Con la llegada del nuevo magistrado, se desatascará con toda seguridad. Veníamos señalando dos días a la semana y a partir del 31 de marzo, se hará cargo de las cláusulas suelo Instrucción 11 y todos los días a la semana. Con lo cual, la bolsa de asuntos que tenemos, algo más de 3.000, en un plazo de seis meses estará plenamente desatascado.
"En seis meses tendremos desatascados los algo más de 3.000 asuntos que tenemos relacionados con cláusulas suelo"
¿Se han realizado ya los cambios de ubicación para el juzgado de Instrucción 8 y el despacho de la magistrada de Instrucción 3? ¿Decanato ya está al servicio de los ciudadanos con la reorganización de los funcionarios?
Sí se ha realizado. Estamos llevando a cabo el cambio de servicio del juzgado número 8; debo entregar un informe esta semana. Después, el director general de Infraestructuras librará el presupuesto y se cambiará sin problema alguno.
Lo que no se ha solucionado es el problema del monopolio de Vodafone: No hay manera de coger dentro de los nuevos Juzgados cobertura con otras compañías. ¿Alguna solución al respecto?
Desconozco los pormenores de los contratos, porque no soy competente para ello, pero sí que he recibido un correo de Infraestructuras diciendo que habían contactado con las compañías para solucionar el problema lo antes posible. Nadie quiere perder clientes ni vida personal. Hay voluntad que es lo importante.
"La oficina judicial debería entrar a funcionar antes del fin de 2018, con cuatro o cinco funcionarios encargados"
¿Para cuándo la nueva oficina judicial?
En junio de 2016 me hubiese gustado que en septiembre ya lo hubiéramos hecho con la nueva oficina judicial para evitar tener que reordenar todo una vez instalado. Hubiese sido más eficiente y eficaz. Pero no pudo ser, porque no dio tiempo. Quedan cuatro flecos; el problema es que la nueva oficina conlleva cambios en la forma de trabajo del funcionario que se va a tener que especializar en su forma de trabajar. Si ahora está en ejecutoria de lo Penal, a partir de la entrada en funcionamiento de la nueva oficina judicial va a haber un letrado de la Administración de Justicia encargado de las ejecuciones de los delitos Contra la Seguridad Vial con cuatro o cinco funcionarios encargados en ello. Con eso conseguimos que no se atasque el trabajo y hay un mayor control del proceso para solucionar los posibles problemas. Esto conlleva un consenso en la Administración que requiere planificación y, sobre todo, presupuesto. Debería entrar en vigor antes de fin de 2018, aunque yo no llevo los presupuestos, depende de la Administración.
Volviendo a los casos de interés en Córdoba. La reforma del Código Penal ya regula las acciones relativas a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Pero, ¿qué ocurre cuando se trata un registro o intervención de teléfono clave para la investigación de un caso? Me refiero al caso de la 'La Manada' de Pozoblanco, donde una prueba se toma de un Whatsapp que la defensa pretende invalidar.
En primer lugar, no me puedo manifestar sobre una investigación en curso. Vivimos en un Estado Democrático y no policial. Los jueces no sólo juzgamos, sino que garantizamos el libre ejercicio de los derechos fundamentales. Ahora bien, los derechos fundamentales no son absolutos; colisionan unos con otros. Hay que buscar el equilibrio adecuado. El artículo 11 de la Ley del Poder Judicial establece que cualquier prueba obtenida de manera ilícita debe eliminarse de un procedimiento. A veces hay que sacrificar parte de un derecho fundamental para que se cumpla otro. La ley procesal se va perfeccionando para que se escapen cada vez menos delincuentes y que no queden impunes hechos delictivos.
"Las pruebas obtenidas de manera ilícita deben eliminarse de un procedimiento; a veces colisionan los derechos fundamentales"
La Coordinadora Andaluza por la Legalización Urbanística dice que la modificación de la Ley de Ordenamiento Urbanístico de Andalucía (LOUA), ya en anteproyecto, y que será la nueva Ley Urbanística para un Urbanismo Sostenible en Andalucía, no soluciona todos los casos de parcelaciones en situación administrativa ilegal o alegal. Córdoba es una de las provincias donde este problema es más complejo, porque hay parcelas en zonas inundables, otras en BIC, vecinos que se quejan por falta de servicios... ¿Qué medida legal podría dar una respuesta a toda la casuística?
Había que legislar de una forma sostenible y hay que regular el suelo para las generaciones futuras. Los jueces tenemos que hacer cumplir la ley, desde el punto de vista Contencioso Administrativo o desde el punto de vista Penal si se ha recurrido. Mientras llega la nueva ley, tenemos que aplicar la normativa vigente, no tenemos otra opción del supuesto delito.
Caso 'Menacho'. Parece ser que a la instrucción conjunta del grupo parlamentario Podemos y de dos trabajadores el juzgado de Instrucción número 5 ha recibido una nueva denuncia sobre el caso. ¿De nuevo judicialización de la política?
La ley me prohíbe radicalmente valorar cualquier caso que esté en fase de investigación porque puedo dar al traste con el trabajo realizado. Sé que los ciudadanos tienen que estar informados y la libertad de prensa. Una cosa es decir en qué trámite está el pleito y otra meterse en los pormenores de la causa; eso está completamente prohibido. Ahora, los ciudadanos tienen que tener claro es que Córdoba tiene unos grandes profesionales de la instrucción y que la instrucción está en buenas manos y bien dirigida y se están garantizado los derechos de los investigados y de los ciudad y de la sociedad; la justicia está en marcha y funcionando para garantizar los derechos fundamentales.
Pero ya se han publicado filtraciones de declaraciones de testigos.
Entiendo que hay casos de interés mediático y siempre que el periodista tenga su propia ética y que la noticia se ajuste a lo que él cree que es real por medio de lo que le han transmitido, teniendo en cuenta que le han podido engañar en la información pues ésta siempre va a ser de parte, nunca va a salir del juez, del fiscal o del abogado del Estado, tampoco hay que reprochar nada al medio. El problema está cuando se aventuran y empiezan a exponer noticias sin contrastar o sin basarse en datos objetivos; se puede hacer un daño irreparable a la investigación, por tanto, lo que quiero trasmitir es que los ciudadanos estén tranquilos y que la investigación acabará en buen puerto.
Cuando se dicte el auto de apertura de juicio oral y la investigación deje de ser secreta, no habrá ningún problema en informar a los ciudadanos sobre los delitos de los que se imputan a las personas acusadas. En la fase de investigación prima el secreto y en la de acusación prima la publicidad. Por otra parte, cuando hablamos de personas con cargos políticos, los ciudadanos no deben pensar que judicializamos la vida política, que se rige por sus propias reglas. Los jueces judicializamos a presuntos delincuentes, no a políticos.
Por último. ¿Cómo acaba un militar impartiendo justicia civil?
Bueno, yo soy juez. Es cierto que descubrí la vocación en el Ejército y compaginé mi trabajo con el estudio a distancia de Derecho, aprobé las oposiciones y por último, me doctoré. Por tanto, no soy un militar impartiendo justicia; soy juez. Ahora, no me arrepiento de haber servido al Estado como militar desde los 18 hasta los 36 años.
