El teniente alcalde delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico (PP), ha informado este martes de que se va a solicitar un informe a la asesoría jurídica para conocer "las consecuencias legales" del concierto del cantante Ricky Martin celebrado el 1 de septiembre de 2018 en la capital.
Así lo ha avanzado el edil después de publicar la prensa provincial que el patrocinio del Consistorio a la actuación se pagó a una empresa que no figuraba como organizadora y que la Delegación de Turismo intentó que la promotora se ahorrase el pago de 62.000 euros en tasas municipales, que dos meses después reclamó a la Delegación de Seguridad, al tiempo que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) reclama al Ayuntamiento 103.00 por derechos de autor del concierto por no haberse solicitado los respectivos permisos.
En una rueda de prensa previa al Pleno, el concejal ha explicado que "es un tema muy serio con un cumulo de irregularidades en la gestión", de forma que "por la seriedad del tema" se remite al informe que se va a solicitar a la asesoría jurídica para que "ilustre sobre los pasos a seguir a partir de ahora y qué consecuencias legales de todo ámbito puede tener el expediente", dado que "es un tema grave", ha apostillado.
Situación rocambolesca
Por su parte, la primera teniente de alcalde y delegada de Turismo, Isabel Albás (Cs), ha calificado la situación como "algo rocambolesca y sorprendente", a lo que ha añadido que no sabe "qué ha hecho el PSOE e IU durante los últimos cuatro años, si han mirado hacia otro lado o realmente Córdoba no les importaba".
Según ha aconsejado, "las cosas hay que hacerlas bien desde el origen, porque si empiezan mal, lógicamente luego tienes consecuencias negativas, como que ahora reclamen importes económicos al Ayuntamiento, que son todos los cordobeses", de modo que "pagarían todos la mala gestión del anterior equipo de gobierno y eso no se puede permitir", ha lamentado.
A su juicio, "la irresponsabilidad, la mala gestión y la incapacidad que ha tenido el anterior gobierno de PSOE e IU es más que evidente con situaciones como ésta".
Preguntada por si teme que haya que pagar los 103.000 euros a la SGAE, la concejal ha señalado que "los técnicos trabajan" a tal efecto, de manera que "será la forma legal que ellos decidan la que se llevará a cabo y ver la viabilidad legal de reclamar esa cantidad". Por tanto, "los técnicos trabajan ya en el análisis de la demanda", ha remarcado.
Postura de la exalcaldesa
Mientras, la exalcaldesa y portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, ha aclarado que, a la espera del informe de la asesoría jurídica, "el Ayuntamiento no fue el organizador ni el promotor del concierto", por lo que "en ningún caso estaría obligado a pagar los reclamados derechos de autor por parte de la SGAE".
Igualmente, ha subrayado que "la reclamación de la SGAE solo se ha producido por su asesoría jurídica y no se ha puesto una denuncia en el juzgado que haga reconducir esta situación".
