La Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) advierte de que "Córdoba sólo dispone de dos juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos de Familia, más otro de Violencia sobre la Mujer, lo que deja a cerca del 56% de la población, unos 438.000 residentes, sin acceso a este tipo de servicio público cualificado para resolver cuestiones tan delicadas como el divorcio, la custodia de los hijos, la herencia y la protección de personas con discapacidad".
Además, desde dicha entidad subrayan que "la situación es sumamente grave en los partidos judiciales de Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, Lucena, Montilla, Montoro, Peñarroya-Pueblonuevo, Posadas, Pozoblanco, Priego de Córdoba y Fuente Genil, donde el 100% de la ciudadanía se ve privada de esta especialización", a lo que agregan que "todos los juzgados de Familia de la provincia se encuentran concentrados en el partido judicial de Córdoba".
Al respecto, la asociación ha elaborado un informe a partir de las estadísticas recientes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la planta judicial en España.
En este sentido, la presidenta de Aeafa, María Dolores Lozano, y María Rosario Martos Molero, abogada y delegada de la Aeafa en Córdoba, afirman que "esta situación provoca un agravio territorial, respuestas jurisdiccionales dispares, inseguridad jurídica y demoras en la tramitación de los procesos, que en muchas ocasiones potencian las situaciones de violencia de género y filioparental".
"Por ejemplo, en el caso de la custodia compartida de los hijos, hay juzgados de Primera Instancia y juzgados Mixtos --atienden asuntos penales y civiles-- que desoyen la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo y se muestran más reacios a su concesión", según explican las responsables de Aeafa.
En cuanto a los retrasos en el sistema judicial, apuntan que "la situación empeora cuando las crisis familiares recaen en estos juzgados generalistas", de manera que "los asuntos civiles en los juzgados Mixtos están supeditados a la agenda penal". Así, "ante la entrada de una causa con preso, la Civil pasa a segundo plano, se suspende y se pospone la fecha del juicio de familia", especifican Lozano y Molero.
"MÁS DE DIEZ MESES PARA MEDIDAS PROVISIONALES"
Según exponen las representantes de la asociación, "el atasco del sistema judicial provoca que, por ejemplo, las demandas de medidas provisionales para regular la situación de la familia puedan demorarse más de diez meses, como ocurre en algunas localidades de Córdoba", algo que califican como "muy grave, cuando en un conflicto de divorcio la madre o el padre se niega a que los hijos tengan relación o pasen tiempo con el otro progenitor; o cuando uno de ellos se niega a pagar la pensión de alimentos hasta que un juez lo determine".
"También puede suceder que los dos miembros de la pareja se resistan a abandonar la vivienda por temor a que su marcha influya en la decisión posterior de los tribunales", indican, para expresar que "esta convivencia forzada potencia las situaciones de violencia de género y filioparental".
En este caso, precisan que "en España, sólo los residentes en grandes núcleos de población pueden acceder a juzgados con jueces, fiscales y equipos técnicos especializados", de manera que "fuera de este servicio público se quedan los ciudadanos de localidades como Lucena, Puente Genil y Palma del Río, en Córdoba; Cádiz, Ibiza, Menorca, Ávila, Toledo, Manresa, Segovia, Cáceres, Lugo y miles de localidades más".
Además, agregan que "la situación en las audiencias provinciales no ha mejorado, puesto que no se han creado más secciones especializadas en Familia", de forma que "en total, existen 18 repartidas entre 16 audiencias provinciales, las mismas que en 2018, y que atienden al 61% de la ciudadanía".
CONGRESO DE DERECHO DE FAMILIA
Al respecto, más de cien juristas procedentes de Córdoba y del resto del país se han dado cita el 28 y el 29 de abril en el Real Círculo de la Amistad para asistir a uno de los mayores congresos de Derecho de Familia que se celebra en España, con la colaboración entre el Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba y la Aeafa.
Entre las cuestiones abordadas en estas jornadas figuran asuntos tan sensibles para la ciudadanía como el testamento del empresario y protocolo familiar en empresas familiares, el pago de las pensiones de alimentos de los hijos, reformas legales en guarda, estancias, comunicaciones y atribución del Derecho de uso de la vivienda o cuestiones de discapacidad.
